A principios de noviembre, la Junta de Andalucía comunicó que prescindiría el contrato de los más de 840 monitores que cumplían funciones administrativas en colegios públicos de la región. La irregularidad de su situación laboral llevó a la Consejería de Educación a despedir a estos trabajadores para contratar a otros con nuevas condiciones. Los monitores van a llevar el conflicto ante los tribunales.
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