Las academias de Fidel Pallarols realizaron 220 cursos de formación para parados entre 1994 y 1999 por los que la Generalitat pagó 8,8 millones de euros procedentes de la Unión Europea. 162 de esos cursos fueron irregulares, según un informe de la Guardia Civil entregado a la juez del caso en 2004 tras tomar declaración a 815 alumnos, el 10% del total. Unió ha reconocido que usó el dinero de estos cursos, que venía de fondos de la UE, para financiarse. Las anomalías más frecuentes fueron la falsificación o la sustitución de firmas de estudiante
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