El gobierno ha dicho que en el Estado español no va a cambiar el Estatuto de los Trabajadores, que regula una semana laboral de 40 horas. Sin embargo, la aprobación de la ampliación de la semana laboral y la ruptura de la jornada diaria de 8 horas tiene perniciosas consecuencias. En primer lugar, un mayor dumping social dentro de la UE. Las multinacionales presionarán a los gobiernos para incrementar la semana laboral por dos vías: la amenaza de deslocalización, y la posibilidad de implantación siempre y cuando aumente la jornada.
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