La medida aprobada el pasado 13 de agosto en Consejo de Ministros, que dota de 421 euros mensuales a quienes hayan perdido su prestación y subsidio a partir del 1 de agosto, no ha comenzado con buen pie. Casi 600.000 parados en España se quedarán fuera de las ayudas y quedarán desprotegidos. Entre las personas sin protección, muchas tienen una renta superior al 75% del salario mínimo interprofesional, o simplemente no han generado derechos con empleos anteriores.
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