La situación de los dependientes del Archipiélago ha sido especialmente precaria desde la aprobación de la ley. Ya en el año 2011, los informes efectuados por el Observatorio de la Dependencia, promovido por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, situaban al Archipiélago canario a la cola del Estado en la aplicación de la misma.
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