Una iniciativa, que se desmarca de la oficial, propone a los ciudadanos apelar el derecho de Petición recogido en la Constitución y presentar en el registro de las Cortes la solicitud del voto telemático. La Policía tendría la obligación de acercarse para entregar las peticiones en el registro y devolvérselas selladas a los solicitantes. Si los agentes de seguridad "entorpecen" esta acción, estarían incurriendo un delito y podrían ser inhabilitados de uno a cuatro años según el artículo 542 del Código Penal
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