Las administraciones públicas deben unos 35.000 millones de euros a las empresas y los plazos de pago de las facturas superan ampliamente los 60 días que marca la Ley de Contratos del Estado[...]Los equipos (nuevos o repetidores), que se hagan cargo de los gobiernos autónomos y los ayuntamientos españoles tras las elecciones del 22 de mayo, deberían aplicarse a fondo para hacer frente a sus deudas. En caso contrario, seguiremos viendo cómo aumenta el número de pequeñas empresas que reducen plantilla o incluso que echan el cierre.
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