La prohibición legal de las personas extranjeras para votar en elecciones generales o autonómicas se basa en que los temas que se tratan en estos niveles administrativos afectan a la soberanía del estado. Tras haber quedado demostrado que son los misteriosos “mercados financieros” quienes dominan hoy en día a los Estados de medio mundo, resulta ridículo seguir sosteniendo este argumento para impedir el ejercicio de los derechos políticos a cuatro millones y medio de ciudadanas y ciudadanos de este país.
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