"El estado de violencia fue brutal, hubo muchas personas que fueron victimas de las mafias, que persiguieron a todos los defensores del mar, no importándole que fueran ancianos, no importándole que fueran niños”, agregó Viguera. En los últimos años soportaron desde amenazas de muerte hasta ofertas de dinero para que desistieran de su lucha. Agotadas las instancias internas, el Comité presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado debe responder por las vulneraciones que aquí se ejercieron”, dijo Viguera.
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