A pesar de ser una prestación sanitaria incluida en la cartera general de servicios de la Seguridad Social. Más del 90% de las pacientes se ven obligadas a recurrir a la sanidad privada por una objeción de conciencia ‘ilegal’. “La normativa es muy clara, la objeción de conciencia en España tiene que ser individual, no puede hacerlo un Servicio de Ginecología en bloque ni un hospital como tal"
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