Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.
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