La Comisión Europea ha decidido poner bajo vigilancia la norma española que aspira a resolver el problema de la altísima temporalidad en las Administraciones Públicas y a ordenar la estabilización de cientos de miles de plazas de interinos que llevan lustros siendo ocupadas de manera irregular y contraria a las directivas europeas. La avalancha de denuncias de interinos contra lo que observan como un ERE encubierto de la plantilla de la Administración por parte del Gobierno a través de la norma y el historial español de incumplimientos a la hora de poner coto a la escalada de la temporalidad en el sector público han inclinado a los funcionarios de Bruselas a poner en el punto de mira el proyecto de Ley de de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.