La Fiscalía General del Estado acusa, en su Memoria anual de 2014, a los organismos fiscalizadores de las CCAA de evitar que la Fiscalía intervenga en los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas regionales y municipales. En este sentido, explica que muchos de los informes que realizan estos tribunales de cuentas autonómicos se aprueban, incluso por los parlamentos respectivos, si apreciar responsabilidad contable o de otra clase, mientras que el fiscal, aprecia la existencia indiciaria de algún tipo de responsabilidad.
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