Antes de Sánchez, diferentes voces clamaron contra el lawfare, los bulos y los movimientos de las cloacas cuando los que lo sufrían eran otros: partidos independentistas, Podemos, y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, Ada Colau, Alberto Rodríguez; Pisarello, Asens y los comuns; Victoria Rosell… etc. El ejemplo del partido morado fue especialmente sangrante, con casos que aparecían en época electoral, duraban meses o años y acababan en nada. Que abrían portadas y telediarios y luego se ninguneaban cuando se archivaban

La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guion: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto.

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Se podría haber archivado el caso sin más. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras. En palabras de la magistrada, la querella se hizo por “fines ajenos a los del procedimiento penal”, para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados, “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns.

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados.

La nueva denuncia contra 'Kichi', que declara en Cádiz, le acusa de permitir que un enviado de Podemos sin cargo alguno participara en contrataciones y gestiones

Los votantes de Sumar son los más críticos con la justicia y su utilización política, mientras los del PP son los únicos que muestran una confianza en los jueces superior al 50%

La sección cuarta, que archivó la causa contra el PP de València por el presunto pitufeo ve «como hipótesis plausible» la «ocultación» del abuso cometido por el exmarido y desprotección en la menor.

El juez que instruye la causa abierta por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto.

El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dejado sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es,

Entre los cuestionamientos que realizan las asociaciones está que nunca se notificó la composición del tribunal de apelación, no hubo audiencia y no se mencionó quiénes presentaron los “amicus curiae”, o sea, los recursos para ampliar la información en defensa del exvicemandatario. Asimismo, catalogan como un “atropello a las normas básicas de las relaciones entre Estados soberanos” la negación del asilo político concedido por México a Glas.

Con una ley de prensa de la dictadura aún vigente y numerosas normas, disposiciones y artículos, el receptor de información está inerme ante el caos de las 'fake news'. "sigue vigente una ley firmada desde el Palacio del Pardo por Francisco Franco: la ley de prensa de un dictador”, la llamada 'ley Fraga de Prensa e Imprenta', promulgada en 1966"

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, autor de la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del presidente del Gobierno.

En un auto el juez motiva la decisión de citarlo como investigada en dos elementos. El primero, su “sospechoso parecido con Pedro Sánchez”. El segundo, en aras de “una instrucción lo más ágil posible”, dado que se asume que “el muñeco tiene disponibilidad absoluta”.

Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en el juzgado de lo Contencioso Imaginativo contra Pedro Sánchez al asegurar que éste podría estar implicado en muchas de las decisiones tomadas desde el Gobierno.

Tiene mérito haber logrado, a base de abuso de la herramienta, que no esté nada claro si la imputación de la mujer del presidente ayudará a la derecha o animará al votante de izquierdas cansado de tramposos que no disimulan. Todo esto es un drama para el país, por supuesto, pero también un problema para los dueños de un cortijo construido sobre la idea socialmente aceptada de cierta neutralidad. En la derecha saben que el invento, útil tiempo atrás contra Podemos o los partidos independentistas, está dejando de funcionar.

El líder del PP carga contra el Gobierno en una comparecencia sin precedentes en Génova rodeado de casi todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional

"Los líderes de Podemos, Ada Colau o Mónica Oltra fueron objeto de investigaciones judiciales largas e injustificadas que influyeron en que perdieran las elecciones. Todas las acusaciones en su contra se archivaron sin necesidad siquiera de juicio, pero su reputación quedó dañada. Ahora sabemos que todo eso era solo un ensayo para operaciones de más envergadura dirigidas precisamente contra quienes entonces guardaron silencio. Un error terrible. Porque lo que está en juego no es la inocencia de nadie, sino la esencia misma del Estado de derecho

Un juez le pidió unas facturas a Monedero, se las dio y en cuanto las abrió dijo que no había caso. Tardó dos años en abrirlas, en estos dos años millones de portadas en todos los medios y tertulias.

Dos han sido las peticiones de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza ante la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz: el indulto de los cuatro jóvenes antifascistas condenados a cuatro años y nueve meses de prisión tras participar en una manifestación contra Vox y la derogación de la Ley Mordaza y los artículos más lesivos del código penal que hacen referencia al derecho a la protesta. Denuncian que la única prueba que se utilizó para condenar a los jóvenes, fue el testimonio de la Policía

Cuando se cumple un año de gobierno del PSC en solitario, empiezan a asomar algunos síntomas que “recortan”, según unos, o “racionalizan”, según otros, las políticas sociales de la exalcaldesa.

Tenemos jueces a los que se escucha porque hablan como jueces, pero con opiniones de ciudadanos y hay que diferenciar. El Poder Judicial no opina. Jueces vestidos de jueces, con sus togas, protestando en la puerta del juzgado contra una ley como la de amnistía. Ahí tenemos un precedente español pésimo: jueces a los que no les importa vestirse de jueces para hablar de política en la calle. Yo, personalmente, a un juez que, con su toga, opina de política lo sancionaría o lo expulsaría de la carrera,

Desde su llegada a la presidencia del Gobierno en octubre de 2022 la líder ultraderechista ha tenido como prioridad marcar la agenda de los medios de comunicación y, en la medida de sus posibilidades, controlar lo que estos dicen de su gestión. Lo ha hecho bajo el falso argumento —repetido en la campaña electoral que le dio la victoria— de que durante años la derecha y la ultraderecha han estado marginadas tanto en los medios como en los círculos culturales. La primera ministra se dispone a vender la segunda agencia de noticias del país....

El lawfare, o guerra jurídica, es uno de los términos que han marcado la actualidad política en España en las últimas semanas.

Iñigo Errejón se borra de la campaña electoral de Comunes Sumar de cara a las elecciones de este domingo en Cataluña. El portavoz parlamentario de Sumar y mano derecha de Yolanda Díaz ha limitado su presencia en territorio catalán en las últimas semanas, y sólo ha protagonizado un acto de cara a la cita con las urnas, donde los comunes tienen unas pobres perspectivas electorales, con la previsible caída de los 8 diputados actuales a una horquilla de entre 4 y 6, según las encuestas.