Apenas unos meses después de hacerse cargo de la investigación del caso Gürtel, en marzo de 2012, el juez Pablo Ruz fue testigo de operaciones “extramuros del procedimiento judicial”, según dejaría constancia en uno de sus autos. En aquellos meses, el extesorero del Partido Popular y exsenador Luis Bárcenas no era un personaje relevante en los hechos investigados. Estaba pendiente una comisión rogatoria solicitada a Suiza desde el Tribunal Supremo. Pero Bárcenas se convertiría en ese personaje en enero de 2013, cuando llegaron los primeros dato

“Hay algo peor que la corrupción misma, que es la sensación de impunidad que se puede generar por una tardía persecución, un tardío enjuiciamiento; por que la justicia llegue tarde o llegue mal”- El juez Ruz.

Cuarenta miembros del partido gobernante en España y varios importantes empresarios serán juzgados en el escándalo de corrupción política más grande del país desde el fin del régimen de Franco .

La Agencia Tributaria responde al juez Ruz que no va a elaborar un informe sobre un supuesto fraude del PP en las donaciones que recogen los apuntes de Bárcenas porque ya elaboró varios en los que concluía que no había delito.

La medida, solicitada por la Guardia Civil, trata de "evitar filtraciones indebidas" en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, dado que la causa "afecta a una administración pública [el Ayuntamiento] y a personas que regentan cargos públicos", el anterior alcalde y actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el actual regidor, Juan Manuel López; y el dirigente del PP andaluz Francisco Rodríguez Roa

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el eurodiputado ha lanzado un comunicado a través de Instagram valorando la condena: "Es absurdo que un juez afirma que es de 'carácter eminentemente particular o privado' que Ana Pastor y Antonio García Ferreras se reúnan en un espacio público con el dueño del Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado..."

El fallo dice que debe realizarse mediante la modificación del planeamiento urbanístico

La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó el julio de 2020 en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado y perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones".

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Lo primero que yo me pregunto es si nuestros jueces no tienen cosas más importantes en que distraerse. Las leyes son interpretables, y por eso los jueces siempre han de estar metidos en política. Pero no para ser actores, sino solo apuntadores que susurren el verso correcto a la sociedad. Yo no sé si hubo o no injerencia y financiación rusa en el procés, ni me importa. Vox nació subvencionado por un grupo exterrorista iraní: amamantados con dinero extranjero y aquí están jodiendo España.

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov (sobre la supuesta trama rusa del proceso), en la que aparecen nuevos investigados, entre ellos los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat. Sobre Carles Porta, el magistrado remarca que es amigo personal del presidente Carles Puigdemont, argumenta que estaba al caso de la injerencia rusa en el proceso, y considera que tuvo algún papel antes y después de un supuesto encuentro con emisarios rusos.

Una jueza de Navalcarnero aprecia indicios de cuatro delitos de corrupción en Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número tres del PP de Madrid, tras cuatro años de investigación. Pese a su imputación en 2022, Isabel Díaz Ayuso ha ido ascendido a Millán en los últimos tiempos hasta convertirse en diputada autonómica en las últimas elecciones y pasar a estar aforada, motivo por el que la magistrada Lidia Prada Zurdo se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presidente del tribunal que obliga a reabrir la causa, Pedro Castellano, fue presidente de la Audiencia de València y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial y de sensibilidad conservadora. Pero, quizá, lo que más llama la atención de su reciente trayectoria son las causas archivadas relacionadas con la corrupción del PP en el País Valencià impulsadas por él.

El magistrado de la trama abre una pieza separada contra Artur Mas y otras once personas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno e insultó a otros ministros y autoridades a través de sus redes sociales, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado. La propuesta de archivo del expediente realizada por el Promotor de la Acción Disciplinaria ha sido aprobada gracias a los votos de la mayoría conservadora de la Permanente, el llamado núcleo duro...

La periodista Marta Nebot ha tenido un rifirrafe con Lucía Méndez en T V E, después de que esta hiciera un acto paternalista y de menosprecio. La trabajadora de El Mundo, ha defendido la actuación del juez Peinado, lo que ha motivado el correctivo de la presentadora Silvia Intxaurrondo y Carlos Cué. "Tú sabrás lo que quieres hacer delante de los espectadores". "Es un insulto lo que estás haciendo"

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

El magistrado de la Audiencia Nacional critica las acusaciones de 'lawfare' por parte de otras instituciones del Estado

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando "dos bloques" que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés --parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea--.

El Juez Peinado es propietario de una parcela en La Adrada, Ávila. Como propietario detenta la condición de promotor de cualquier obra en el recinto de su parcela desde que se hiciera cargo de la misma y como promotor, de concurrir, sería responsable de la comisión de infracciones urbanísticas por acciones u omisiones referidas al cumplimiento de deberes urbanísticos en dicha parcela.

Lo instructivo del caso del chalé de Peinado es comprobar hasta qué punto utilizamos varas distintas para medir la conducta de quienes encarnan los distintos poderes del Estado. Si tu actividad está encuadrada en el poder legislativo o el poder ejecutivo, ándate con ojo, sobre todo si eres de izquierdas, pues el más mínimo tropiezo puede costarte la carrera, y no solo a ti sino también a tus familiares más cercanos, particularmente si quienes investigan tu imprudencia son jueces tan sobrados de sí mismos como Peinado o García Castellón.

El juez federal Christopher López ordenó la liquidación de los bienes personales del teórico de la conspiración Alex Jones para compensar a las familias de las víctimas de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, a quienes debe más de $1,500 millones en concepto de daños y perjuicios por difamación. No quedó claro de inmediato qué sucederá con Free Speech Systems, la empresa matriz de Infowars que Jones convirtió en una fuente de ingresos multimillonaria durante los últimos 25 años. Relacionada: menea.me/2btwk

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.