El Tribunal Supremo impone la carga al magistrado Manuel Piñar, que denunció al letrado por haberlo acusado de ser "manifiestamente parcial" Aránguez gana su batalla contra el Colegio de Abogados de Granada.

El juez Piñar se había querellado contra el letrado Carlos Aránguez por presuntas injurias y calumnias por unas declaraciones en las que le acusaba de ser "manifiestamente parcial" en el caso de Juana Rivas, a la que condenó por sustracción de menores. Piñar denunció, entre otras cosas, que el abogado de Juana Rivas actuó con "imaginación maliciosa" para tratar de desacreditarle cuando criticó públicamente que la sentencia del caso de Juana Rivas se hubiera dictado "en siete horas" dado que está fechada el mismo día en que se celebró el juicio.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar un expediente disciplinario al juez Manuel Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, por una posible falta muy grave y otra grave ante las manifestaciones "ofensivas y vejatorias" que realiza en redes sociales hacia sus compañeros de la judicatura y otras autoridades, y de tinte racista respecto de otros colectivos.

El magistrado impulsó un segundo expediente una vez dictada la sentencia firme a pesar de que no tenía competencias para hacerlo porque la ley de indultos establece que es al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, al que corresponde informar al Ministerio de Justicia

La defensa de Rivas ha anunciado que presentará una querella criminal por prevaricación contra el juez, que no sólo incluye "mentiras" en sus autos, como afirman estas fuentes, sino que tiene un largo historial de diseminar bulos por Facebook.

Os voy a contar un poco cómo trabaja esta alimaña que tiene el récord de condenas a prisión y a su vez el récord de absolución a policías.

Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno de España, Doctor en Ciencia Política por la UCM. Investigador en la UOC : "El Facebook de Piñar, el juez que se ha negado a dejar en libertad a Juana Rivas. No hay más preguntas, señoría"

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.