La resolución resalta, además, que los miembros de la sociedad, que primero se denominó Montoro Asociados, después pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y que desde 2016 funciona como Global Afteli (GA), crearon una red de contactos en Hacienda gracias a que algunos de ellos habían desempeñado “cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y en las Autonomías”.

Ante la “especial gravedad” de los delitos investigados y las precauciones de la trama en sus conversaciones telefónicas por las “filtraciones desde el primer minuto”, el juzgado ordenó colocar un micrófono en el despacho profesional de Ignacio González, que ha aportado numerosa información a la causa. Los agentes entraron en el despacho de González de madrugada, acompañados del secretario judicial que levantó acta de la actuación. En la operación también han sido empleados varios micrófonos portátiles de última generación

¿Por qué sabemos que no son dos ciudadanos distintos con el mismo nombre y distinto DNI, dos Juan Carlos Peinado García distintos? Porque en España no existe la poligamia. En los datos del Registro de la Propiedad a los que ha accedido este medio, el juez Juan Carlos Peinado García aparece con dos DNI como propietario de catorce inmuebles y fincas. En ocho ocasiones con un número de DNI acabado en P. En otras seis ocasiones con un DNI acabado en W.

El juez que investiga a Begoña Gómez ha explicado en un auto que investiga a la esposa del Presidente del Gobierno por todos los hechos que denunció M. Limpias, a excepción de la parte que reclamó la Fiscalía Europea. En un auto en el que contesta a diversas peticiones de información de Gómez, el juez Juan Carlos Peinado explica que investiga “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es Presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial” de Manos limpias

Considera que los delitos que se les atribuían encajan en la ley del perdón y que su actuación no superó el 'umbral de gravedad' para quedar excluida.

Tanto Puigdemont como el secretario general de Junts, Jordi Turull, han reaccionado a dicha publicación acusando al juez de prevaricación.La defensa del expresident Carles Puigdemont, liderada por Gonzalo Boye, presentará una querella contra el juez Joaquín Aguirre por prevaricación.Todo ello después de conocerse que Aguirre, en una conversación privada desvelada por Canal Red,

Uno de los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, coincide con el de otro ciudadano español J.M.G.M. Es decir, Juan Carlos Peinado y otro ciudadano comparten número y letra (W) de DNI.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el eurodiputado ha lanzado un comunicado a través de Instagram valorando la condena: "Es absurdo que un juez afirma que es de 'carácter eminentemente particular o privado' que Ana Pastor y Antonio García Ferreras se reúnan en un espacio público con el dueño del Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado..."

El fallo dice que debe realizarse mediante la modificación del planeamiento urbanístico

La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó el julio de 2020 en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado y perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones".

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Lo primero que yo me pregunto es si nuestros jueces no tienen cosas más importantes en que distraerse. Las leyes son interpretables, y por eso los jueces siempre han de estar metidos en política. Pero no para ser actores, sino solo apuntadores que susurren el verso correcto a la sociedad. Yo no sé si hubo o no injerencia y financiación rusa en el procés, ni me importa. Vox nació subvencionado por un grupo exterrorista iraní: amamantados con dinero extranjero y aquí están jodiendo España.

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov (sobre la supuesta trama rusa del proceso), en la que aparecen nuevos investigados, entre ellos los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat. Sobre Carles Porta, el magistrado remarca que es amigo personal del presidente Carles Puigdemont, argumenta que estaba al caso de la injerencia rusa en el proceso, y considera que tuvo algún papel antes y después de un supuesto encuentro con emisarios rusos.

Una jueza de Navalcarnero aprecia indicios de cuatro delitos de corrupción en Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número tres del PP de Madrid, tras cuatro años de investigación. Pese a su imputación en 2022, Isabel Díaz Ayuso ha ido ascendido a Millán en los últimos tiempos hasta convertirse en diputada autonómica en las últimas elecciones y pasar a estar aforada, motivo por el que la magistrada Lidia Prada Zurdo se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presidente del tribunal que obliga a reabrir la causa, Pedro Castellano, fue presidente de la Audiencia de València y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial y de sensibilidad conservadora. Pero, quizá, lo que más llama la atención de su reciente trayectoria son las causas archivadas relacionadas con la corrupción del PP en el País Valencià impulsadas por él.

El magistrado de la trama abre una pieza separada contra Artur Mas y otras once personas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno e insultó a otros ministros y autoridades a través de sus redes sociales, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado. La propuesta de archivo del expediente realizada por el Promotor de la Acción Disciplinaria ha sido aprobada gracias a los votos de la mayoría conservadora de la Permanente, el llamado núcleo duro...