Collboni ha anunciado el planteamiento que propone el Ayuntamiento de Barcelona para reformar la medida que obliga a los promotores a dedicar un 30% de vivienda protegida en grandes promociones o rehabilitaciones, aprobada en 2018 con Colau como alcaldesa. Si se logra el apoyo necesario de la oposición, porque la reforma debe ser aprobada por el pleno, la propuesta de cambio, hecha a partir del informe de la experta en vivienda Carme Trilla, es que los promotores puedan hacer el 30% de vivienda que les toque en barrios adyacentes al de [...]

La Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la orden que regula los nuevos precios del módulo de vivienda protegida en la región, precios que no se actualizaban desde 2008. Así, los nuevos módulos se sitúan “por metro cuadrado de superficie útil, tanto para venta como para alquiler”, en valores que varían entre los 1.900 euros y los 2.820 euros, en función del municipio donde se quiera levantar el inmueble y el tipo de protección que tenga: básica o limitada. Esto supone que la vivienda protegida costará ahora, de media, un 56% más.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid denuncia los planes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para las viviendas de protección. Según la organización, los precios máximos que el Ejecutivo pregende fijar para estos inmuebles supera, en muchos municipios, el valor de mercado medio por el que se puede comprar una casa.

La vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler en España se halla en una década perdida: las estadísticas apenas recuerdan menos construcción de pisos sociales. Pero esos bajos niveles no han impedido grandes diferencias por territorios, como que en la Comunidad de Madrid se hayan construido casi tres veces más vivienda con esa calificación que en Cataluña desde 2014, pese a que ambas autonomías cuentan con un peso de población similar.

El acceso a la vivienda está siendo uno de los principales ejes de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Pese a ello, la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) revela que en 2022 apenas 9.221 viviendas protegidas de planes estatales y autonómicos obtuvieron la calificación definitiva en España, es decir, 19 por cada 100.000 habitantes.

El Consistorio de Las Rozas otorga un contrato de 3,4 millones de euros a una empresa para construir 29 chalés; hay que aportar, de entrada, casi 200.000 euros para participar en la cooperativa. La fórmula elegida para hacer pasar por asequibles chalés de más de medio millón euros es la de Vivienda con Protección de precio Limitado (VPPL), una previsión legal de los tiempos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para que no solo las rentas más humildes optasen a rebajas inmobiliarias.

El alto tribunal da la razón a la Comunidad de Madrid frente a una pareja con tres menores a su cargo que no pudo pagar el alquiler, después de que Encasa Cibeles comprara miles de viviendas sociales al gobierno regional. El alto tribunal fija jurisprudencia y establece que cuando te toca por sorteo una vivienda de protección, la administración no te reconoce "un derecho abstracto e indefinido a tener una vivienda pública en arrendamiento con opción a compra".

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella testificará el próximo viernes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión de Blackstone en una operación en la que supuestamente no se aplicó la normativa vigente de contratación.

A la Sareb solo le quedan seis años y medio para desprenderse de todos los suelos e inmuebles que tiene en su poder, heredados de las quebradas cajas de ahorro españolas. Ese es el plazo oficial dispuesto para conseguir disolver el bautizado como «banco malo», que nació con el objetivo de recuperar el dinero de los contribuyentes gastado en el rescate de las entidades. ¿Cómo? Vendiendo los activos inmobiliarios embargados. La gestión ha sido un fiasco.

El acceso a la vivienda representa un problema de estado en España. Sobre todo, para las generaciones jóvenes. Ante esta situación, las miradas se vuelven a la vivienda protegida.

La creación de un parque público de vivienda en alquiler es uno de los principales objetivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que este lunes, además de impulsar la nueva Ley la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, ha hecho hincapié en la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo del 50% para esta tipología dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

Presenta la campaña 'Creando vivienda pública: si vendes tu casa, llámanos'. Para ello ha mejorado los precios que ofrece, tasados por ley, incrementándolos una media de 70 % para actualizarlos a la situación de mercado.

Realia se hace con otras 195 viviendas de protección pública para alquiler en el municipio madrileño de Tres Cantos

Los miembros de la cooperativa Vitra piden a la Entidad Pública Empresarial de Suelo que les dejen pagar el proyecto para comenzar a construir su casa. El plan de viviendas en un barrio madrileño lleva atascado desde hace casi un año, después de que la anterior dirección del organismo estatal presentara una demanda para recuperar la titularidad del suelo.

Hay 'negocio' con la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Un negocio no legítimo y que abraza el triple fraude, pero que es toda una práctica actual. Es obvio que la protegida no contempla en el espíritu de su ADN sacarle partido económico más allá de lo que fija la ley. No obstante, los sobreprecios han brotado en las últimas fechas. Quienes venden, perfiles de personas entre los 45 y 50 años, en su mayoría, marchan a una vivienda libre. Son los mismos que, hace dos décadas, se beneficiaban de unas cualidades especiales para acceder a

El éxito de Colau es incontestable. El PSC le ha apoyado. ERC incluso firmó un documento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para aprobarla definitivamente en septiembre.Pero el sector coincide en que la medida tendrá justo el efecto contrario: encarecerá el precio de la vivienda nueva y lo hará de manera muy rápida en un mercado ya estrecho de por sí. Se teme que, además, la subida se extienda, en diverso grado, a los pisos de segunda mano y a los de alquiler.

"En Alemania, los precios en términos relativos son mucho más bajos. O en Viena, Dinamarca, Francia... porque hay vivienda social, vivienda pública que hace de control de precios en el resto del mercado". "Estoy de acuerdo con que no se tiene que vender, como se hizo en Madrid con las viviendas públicas que había, que se vendieron a fondos de inversión, entre ellos a los hijos de Aznar". Ante la posibilidad de que haya "un parque de vivienda pública", Alejandro Inurrieta indica que "no lo vamos a tener nunca" porque "no vamos a ser Viena jamás"

La Audiencia Provincial de Palma ha obligado a un hombre a compartir su vivienda con su exsuegra, una mujer anciana con discapacidad que necesita atención constante. El tribunal rechaza reconocer el derecho del hombre a usar la totalidad de la casa en la que se ha quedado residiendo la madre de su ex pareja a pesar de que ésta y el hijo menor común del matrimonio se hayan trasladado a vivir a otro inmueble. El acuerdo de divorcio incluía una cláusula que prohibía que nuevas parejas convivieran en dicha vivienda.

La sindicalista defendió la intervención del mercado de la vivienda, y afirmó que "al no estarlo, nos está devorando". "Como no se reduzca el precio de la vivienda, los empresarios estáis bien jorobados", advirtió al respecto.

En Corea el sistema "Jeonse" consiste en entregar al casero una gran cantidad en depósito, a cambio de vivir varios años en el piso sin pagar alquiler. El casero invierte el depósito obteniendo beneficios y al final del periodo devuelve al inquilino el depósito. (Yo tampoco le veo sentido pero lo mando por la curiosidad)

Problema creciente de hambre y posible desnutrición: Un preocupante número de mayores hispanos que no han podido generar recursos para afrontar una jubilación digna tienen que abandonar su hogar y acaban en las calles. Es “desproporcionadamente” alto y alarmante el número de inmigrantes mayores que “empezaron su vida de cero aquí, no han podido amasar recursos, dependen de los programas del Gobierno y necesitan una vivienda asistida”. Preguntan más por los cupones de alimentos que por los servicios de Medicare (el programa de salud pública).

El acceso a la vivienda es una de las claves para luchas contra la desigualdad y la pobreza en el país. El documento elaborado por la Comisión especifica que este desafío afecta especialmente a los más vulnerables. Así, el informe explicita: "Esto ha afectado en particular a los no nacionales de la UE, las personas con discapacidad, las familias monoparentales y las personas con baja cualificación".