Casi cuatro horas de una presunta comida entre José Manuel Villarejo, su socio y policía Antonio Giménez Raso, además de con el entonces comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, donde dejan claro el negocio que tenían con operaciones como Petroria, Astapa o Gürtel. Sin embargo, el audio está manipulado con una cita al partido morado que no existía en ese momento. Público ha hablado con la mayoría de las personas citadas que confirman el resto de la grabación.

El magistrado pide que se investigue el origen de estos audios los cuales considera manipulados, tergiversadores y que no corresponden a la realidad a pesar de reflejar opiniones ya manifestadas a través de otros medios.

Peinado ha ordenado que dicha declaración sea grabada, tanto en audio como en vídeo, aduciendo que, "la investigada, no tiene la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que, no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama el derecho a la igualdad, y que todos los españoles".

La defensa de Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha pedido al juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, que no se grabe su imagen durante su declaración en sede judicial, dada su “relevancia pública”.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona dijo a funcionarios del juzgado que su auto de imputación de Puigdemont y Mas por traición por la supuesta 'trama rusa' del procés, de este mes de junio, sería “la tumba” del Gobierno de Sánchez, al que le quedarían “dos telediarios alemanes” . El juez Joaquín Aguirre afirma lo siguiente: "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí", permitiéndonos fechar la grabación el día miércoles 31 de enero, justo un día después de su entrevista en la televisión alemana...

Según las anotaciones en la agenda del comisario corrupto a las que ha tenido acceso Diario.Red, Villarejo se habría reunido en al menos tres ocasiones con el pseudoperiodista de ultraderecha para tratar diferentes materias

El magistrado García Castellón propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente, Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017, y por los que habría pagado en torno a 10 millones de euros.

El juez García Castellón concluye la investigación del caso Cenyt y propone juzgar a BBVA, el ex presidente Francisco González y otros ex directivos, por la contratación de Villarejo

No es fácil quedar con Dave Langlois. Te lo advierte por correo electrónico: “Me levanto cada día a las cinco para disfrutar a tope del coro del alba y por lo tanto me acuesto a las nueve”. Así que quedamos a la hora del té, un horario de lo más británico para charlar con este inglés en el jardín de su casa en Villanueva de la Vera, Cáceres.

El portavoz del PP ha utilizado la voz falsa del expresidente del Gobierno para difundir bulos contra los socialistas en un vídeo que ha llegado a las redes durante el cierre de campaña

Juan Lobato, portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, ha utilizado su teléfono móvil para que se escuchen diferentes audios de declaraciones polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras esto, el presidente de la Asamblea de Madrid ha prohibido utilizar el teléfono para las intervenciones.

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.

Consistía en una serie de procedimientos tecnológicos del momento que permitían escuchar una ópera o una obra teatral cómodamente sentado en casa, a través de las líneas telefónicas y en tiempo real. La presentación fue todo un éxito.

Villarejo: «Tema Pedro Sánchez. Importante». Francisco Martínez: «¿Eso no lo sabe nadie, verdad?» Villarejo: No lo sabe nadie. Yo creo que eso hay que manejarlo con… Paco, con muchísima…. ¡A nadie, a nadie, a nadie!… El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información porque ahí iban políticos. Son saunas de pilinguis. Son tres hermanos». Así empieza una conversación sobre Pedro Sánchez y los negocios de su suegro que dura casi 11 minutos y que ya publicó Crónica Libre.

El juez Manuel García Castellón ha rechazado investigar si la 'policía patriótica' conspiró para obtener información del suegro de Pedro Sánchez y perjudicar al hoy presidente del Gobierno. El magistrado ha denegado la petición del PSOE de abrir una línea de indagación a raíz de unas conversaciones de 2014 en las que el comisario de policía y Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, exploraban la posibilidad de espiar al padre de Begoña Gómez para “matar políticamente a Sánchez”.

Cadena SER ha tenido acceso a un mensaje de WhatsApp del presidente del PP de Jaén y parlamentario autonómico, Erik Domínguez, en el que le comunica a algún empresario o particular que le adelanta las bases de un concurso público aprobado por la Junta de Andalucía. En la misiva sonora, el líder de los populares jiennenses insta al receptor de su mensaje a concurrir a ese concurso público, pero le pide cautela con el uso de la información porque aún no están publicadas las bases del concurso: "Te mando las bases que ha aprobado ya la Junta que

Los argumentos son dos: la petición es "muy genérica e indiscriminada" y Villarejo actuó del 2012 en el 2016 como agente de la policía española, y, por lo tanto, sería autoridad, y sus famosas notas informativas y audios serían "oficiales" y "sometidos a secreto oficial". Así, el juez, con el apoyo de la Fiscalía, concluye que la ley permite denegar una comisión rogatoria internacional "por razones de seguridad nacional", como sostiene que es este caso.