Igualdad, en manos de Unidas Podemos, entendió que Justicia, controlada por el PSOE, estaba retrasando la aprobación de la norma y ponía así en riesgo que se pueda llegar al 8 de marzo, algo estratégico para Podemos. Así que el equipo de Irene Montero decidió que la mejor manera de presionar era dar a conocer a los medios la tensión que había entre los dos ministerios. Una vez estallada la polémica, y después de conversaciones entre las dos formaciones, Moncloa decidió atajarla con la garantía de que la norma llegará a la fecha clave.
