El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

El juez Joaquín Aguirre, que investiga los casos Volhov y Negreira, ha rechazado la escolta de los Mossos d'Esquadra y ha pedido expresamente que se encargue la Policía Nacional o la Guardia Civil, después de recibir un falso paquete explosivo. Explica que no le parece adecuado que le proteja la policía que depende de la Generalitat cuando está investigando la injerencia rusa en el procés, en la que podrían haber participado personas relacionadas con esta administración

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,recibió un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez.

El juez Aguirre explica que realiza esta petición a la Audiencia Nacional por lo que “se desprende” de informaciones periodísticas. La providencia del juez ha causado sorpresa y desconcierto a fuentes jurídicas, toda vez que es en el sumario que instruye el juez Aguirre donde hasta ahora hay más datos sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017, y como intentaron (y consiguieron) llegar hasta las dependencias de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont y reunirse con algunos exaltos c

Perdido. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado la "regeneración" de la resolución que dictó y en la cual daba por cerrada la investigación al director la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a dos agentes de los Mossos d'Esquadra, porque el juzgado la ha perdido. Alay y los dos policías fueron encausados por haberles pedido que miraran en el sistema policial si estaba incluida su búsqueda y detención en 2020.

El juez Joaquín Aguirre hablando en la televisión alemana ARD1 de las conexiones de Putin en el procés. Un juez instructor que habla de su propia instrucción y de una investigación aún no finalizada, mostrando claramente sus intenciones y prejuicios, debe ser recusado de inmediato

La Real Federación Española de Fútbol habría denunciado a Aguirre ante el CGPJ. Según Cope, los servicios jurídicos de la Federación piden que "dé nombres o se retracte".Pero, en ningún momento, confirma nada al respecto de esta posible o supuesta corrupción arbitral. como refleja en otro momento del escrito donde habla de “deducción lógica, y los cuales pueden convertirse más adelante en hechos constatados o no

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso de la venta del Goya del marido de Esperanza Aguirre y ha ordenado tramitar la recusación contra la jueza de Madrid que archivó la causa. El caso se centraba en la supuesta simulación de la herencia de ese cuadro y en el dinero que pudo haber defraudado a Hacienda con la venta del Goya por cinco millones de euros al empresario Juan Miguel Villar Mir.

"El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación, en términos utilizados por el propio fiscal, un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y a enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que practicaban no le ofrecían el resultado apetecido", censura el informe de Mossos sobre el juez que a día de hoy investiga el caso Voloh.

La Fiscalía ha presentado un recurso por no imputar a Esperanza Aguirre por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la reducción de camas de un hospital privatizado de Madrid.

El extesorero del PP pidió hablar también en la pieza de la caja 'B' del PP madrileño tras ofrecerse en la causa de sus papeles y en el caso Villarejo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre defendió en su declaración ante el juez instructor del caso Púnica que nunca se dedicó a labores de “gestión” o “administración” de las cuentas del PP madrileño y que sus funciones en el partido eran meramente “políticas”. De las cuentas, explicó, se ocupaba el que fuera gerente Beltrán

Fuentes jurídicas la califican como "decepcionante" y avisan de que la imputación no podrá sostenerse mucho tiempo si no hay indicios concluyentes

Altos cargos admiten que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que debían contratar publicidad. La investigación ha desvelado que parte del dinero de estos contratos sirvieron luego para nutrir la caja b del partido. Todas las adjudicaciones eran controladas directamente por Isabel Gallego, directora general de Medios. Gallego era colaboradora directa de Esperanza Aguirre. Holemans afirmó que realizó servicios electorales para el PP madrileño y que estos se facturaron durante ocho meses,si bien el periodo electoral..

El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas" al situar a Ignacio González y Granados como "ejecutores" de las órdenes de la expresidentaLa investigación ubica a Esperanza Aguirre en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a FundescamConcluye que Aguirre puso en marcha la maquinaria de corrupción a las pocas semanas de convertirse en presidenta y que la utilizó para ganar en 2007 y 2011La expresidenta responde en un comunicado que declarará "con mucho gusto" en la Audie

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha criticado este viernes la decisión del juez instructor Joaquñín Aguirre de pedir al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat por presunta traición en una pieza separada sobre la llamada trama rusa: "Los psicotrópicos son peligrosos" y causan delirios, ha dicho.

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Dada la trascendencia jurídica y urbanística de los hechos que se vienen desvelando sobre las licencias y obras concernientes a su parcela en La Adrada, poco le interesa al Juez Peinado que se airee el historial de presuntas infracciones urbanísticas y administrativas que concurren en su parcela. Entre las obras destaca un chalet aislado de más de 800 metros cuadrados edificados en tres plantas. Tampoco el Ayuntamiento, en la persona de sus autoridades y funcionarios, debe de sentirse cómodo con los mismos hechos.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.

La presentadora Silvia Intxaurrondo deja en evidencia al Juez García Castellón por encausar a Francisco Granados y 42 personas más, pero salva a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.