Manos Limpias ha presentado en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al ser responsable último de la difusión por la Fiscalía de Madrid de una nota de prensa que contenía datos del pacto que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofrecía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a descabalgarlo del puesto con una mera imputación por una nota de prensa. El ruido será ensordecedor desde la derecha, pero antes de renunciar García Ortiz debería tener en cuenta el precedente para la institución y repasar los casos de Mónica Oltra y Victoria Rosell

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario...

El motivo es que Álvaro García está convencido de que actuó conforme a derecho y no reveló secreto alguno al ordenar la publicación de la nota de prensa que desmontó el bulo lanzado previamente por el entorno de Ayuso, de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de la presidenta por sus delitos fiscales, cuando sucedió justo lo contrario.

Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

La jueza instructora solicita a las partes que aclaren si los dos investigados pueden beneficiarse de la ley de amnistía. El Tribunal Supremo ha suspendido las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont y del diputado Ruben Wagensberg por la causa de Tsunami Democràtic.Los interrogatorios eran voluntarios, por videoconferencia al residir ambos en el extranjero y se iban a producir la semana que viene. El alto tribunal ha detenido el procedimiento judicial a la espera de conocer la opinión de las partes sobre el impacto de la...

Pocos días después de la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin, el banco austríaco Raiffeisen anunció que estaba considerando vender su negocio ruso. Al cabo de veintisiete meses, a la filial en Rusia de esa entidad de crédito no le va nada mal. La plantilla ha crecido hasta rozar los 10.000 empleados, lo que supone un aumento del 7% desde 2022. El año pasado, los beneficios alcanzaron los 1.800 millones de euros, más que cualquiera de las otras filiales del banco y el triple desde 2021.

España entre los los paises que menos confianza tienen en la Justicia de la UE. Las razones principales de esta desconfianza son la "interferencia" o "presión" por parte del Gobierno y los políticos. Otros factores: la presión de los intereses económicos y la percepción de que el estatus y la posición de los magistrados no garantizan suficientemente su independencia,

Acuerdo trascendental en Francia ante los comicios electorales que se avecinan. Los partidos franceses de izquierda han anunciado este jueves que han alcanzado un acuerdo final para crear un nuevo 'Frente Popular' de cara a las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, convocadas por sorpresa por Emmanuel Macron la misma noche electoral de las europeas tras el resultado arrollador de la extrema derecha de Marine Le Pen. Ha trascendido que el acuerdo incluye candidaturas únicas en cada una de las circunscripciones electorales...

La Justicia debería tomar nota de que alguien busca la inmunidad para esquivarla.

Después de cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PSOE está decidido a incrementar la presión sobre PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue este miércoles más claro que nunca y dio un ultimátum a Alberto Núñez Feijóo: si antes de final de junio no hay desbloqueo, Begoña Gómez será nombrada presidenta del Tribunal Supremo.

Bruselas pone condiciones a PSOE y PP para retomar la mediación sobre el Consejo General del Poder Judicial: si quieren una nueva reunión, tienen que hacer antes los deberes y plantearle una propuesta concreta sobre la que discutir. Así lo explican fuentes de la Comisión Europea a raíz de las solicitudes que le han llegado, tanto de Génova como del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reactivar las negociaciones. La exigencia del gobierno comunitario pretende que haya algún avance después de tres reuniones en las que apenas se produjeron.

La UE requiere un umbral mínimo de voto para entrar en la Eurocámara, pero España se resiste a aplicarlo.

Madrid registró en mayo un descenso histórico en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), situándose por primera vez desde 2010, año en que comenzaron los registros de calidad del aire, en menos de 30 microgramos por metro cúbico (μg/m³) en todas sus 24 estaciones de medición. Este logro se produce en un contexto donde la normativa europea establece un límite anual de 40 μg/m³.

La batalla contra la desinformación, por la libertad de prensa y el derecho a la información han alumbrado la ley europea de libertad de medios que, por primera vez, busca proteger en toda la UE a las redacciones de la influencia indebida del poder político y fomentar el pluralismo y la transparencia para que se sepa quién las financia. La regulación, que entró en vigor en mayo tras meses de debate, es el marco en el que se basará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el cuarto pago de fondos europeos para España. Más de un año después de haber desembolsado el anterior tramo, Bruselas da ahora el visto bueno preliminar a la espera de que el Consejo de la UE ratifique la decisión dentro de un mes. El pago ascenderá entonces a 9.842 millones. Son 158 millones menos de lo previsto inicialmente, porque España no ha cumplido totalmente con una de las inversiones comprometidas: la contratación de trabajadores que ayuden a las empresas en la transición digital