La conspiración de un puñado de juristas conservadores lleva al límite al órgano de gobierno de los jueces. España ha vivido la experiencia de encarcelar a dirigentes políticos en activo por desobedecer abiertamente la ley, como sucedió en Cataluña y sentenció en su momento el Tribunal Supremo con altas penas de cárcel por sedición. Hoy son juristas y magistrados del órgano de gobierno de los jueces nombrados en su día a propuesta del PP quienes han impedido cumplir la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La pelea entre Teresa (la joven extutelada por la Generalitat y que denunció al entonces marido de Mónica Oltra) y sus mentores y abogados de extrema derecha, la agitadora Cristina Seguí, a través de la asociación Gobiérnate, y el dirigente del partido España 2000, José Luis Roberto, ha dejado en evidencia la conspiración para conseguir la cabeza política de la ex-vicepresidenta y ha provocado un endurecimiento de lenguaje. Aunque se muestra "orgullosa" de haber contado los abusos sufridos, también cuenta que "le prometieron trabajo y casa..."

A los archivos confidenciales los guardó en un servidor una firma de informática forense de Georgia, de ahí se descargaron decenas de veces, según muestran los registros de la compañía, de acuerdo con The Washington Post. Los registros muestran que quienes los descargaron incluían cuentas vinculadas con un meteorólogo de Texas que apareció en el programa de radio de Sean Hannity, un podcaster conservador que pidió la ejecución de enemigos políticos, un exinternauta profesional que propagó teorías falsas del amaño de las elecciones