La conspiración de un puñado de juristas conservadores lleva al límite al órgano de gobierno de los jueces. España ha vivido la experiencia de encarcelar a dirigentes políticos en activo por desobedecer abiertamente la ley, como sucedió en Cataluña y sentenció en su momento el Tribunal Supremo con altas penas de cárcel por sedición. Hoy son juristas y magistrados del órgano de gobierno de los jueces nombrados en su día a propuesta del PP quienes han impedido cumplir la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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