Alejandro Luzón considera que se cometió un delito de publicidad engañosa para conseguir inversores u obtener financiación. El fiscal Alejandro Luzón solicita seis años de cárcel para Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia y prisión para los tres de sus exdirectivos. Lo hace después de que el 11 de mayo el juez Fernando Andreu diese por concluída esta investigación.

Lo que costaron las obras de la M30 de Madrid, la joya de Ruíz-Gallardón, son una incógnita. Las cifras oficiales apuntan que la adjudicación de la obra se tasó en 2.500 millones, a pesar de que inicialmente se presupuestaron en 1.700 millones. Sin embargo, los sobrecostes alcanzaron el 42% del valor de la obra que acabó siendo ejecutada por 3.700 millones. A esa cifra hubo que sumarle el IVA, los intereses, los dividendos repartidos al socio privado (EMESA) y la deuda subordinada Ecologistas en Acción pone la cantidad total en 10.400 millones

"Daño reputacional". Con esas dos palabras resume el Gobierno, en el comunicado sobre la liquidación de Defex, la corrupción que ha podrido esta empresa pública. Ya no puede hacer negocios porque su nombre se asocia a mordidas en países africanos, pelotazos basados en sobornos y comisionistas huidos de la justicia. El Ejecutivo ha decido disolver Defex casi medio siglo después de su fundación para que sus gestores puedan centrarse en liquidar contratos, pagar deudas y afrontar las investigaciones judiciales.

Nada más visual que enumerar algunos datos significativos, confirmados y elaborados por instituciones independientes que no pueden ser acusadas de parcialidad, sin abundar en el detalle ni ser demasiado exhaustivos pero que ejemplifican la magnitud del robo de dinero público. Estudios de varias universidades y de la Cámara Nacional de Mercados y Competencia sitúan el coste de la corrupción alrededor de 90.000 millones de euros anuales.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, la mayoría en régimen de alquiler. La morosidad de algunos inquilinos es un problema que viene de largo. Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, el documento recoge que los deudores presupuestarios deben 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos.

La inversión presupuestaria ejecutada en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (I+D+i+d) del sector público aumentó el año pasado un 12,6%, dejando el nuevo récord histórico en 11.117 millones de euros, 2.293 millones más que en 2022.

El Alvia Badajoz-Madrid de las 17:45 horas ha estado detenido en Mérida tras las protestas de los viajeros por que no funciona el aire acondicionado en los vagones. Según el testimonio de uno de los viajeros, el convoy ha permanecido parado en la Estación de Mérida durante más de media hora después de que varios pasajeros protestaran por la ausencia de aire acondicionado en el día más caluroso lo que llevamos de verano y en el que la provincia de Badajoz alcanza los 44 ºC. Los pasajeros pedían que se activara el aire

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

Los tribunales de Alicante tendrán que repetir la sentencia sobre el 'caso Brugal' de corrupción ligada al Partido Popular en Orihuela pero con un cambio fundamental: las escuchas telefónicas que cimentaron la investigación no pueden considerarse nulas. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado repetir la sentencia, anulando la resolución que absolvió a 34 acusados por irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la ciudad alicantina de Orihuela.

El resumen es bastante negativo y evidencia que, como venimos diciendo reiteradamente hace tiempo, la Sanidad Pública no es una prioridad para el Gobierno del país y que incluso cuando se llegan a acuerdos amplios (estas recomendaciones fueron aprobadas por PP) estos se incumplen sistemáticamente.

La CCDI hace un anuncio tras el objetivo del cónclave de "someter a supervisión todas las actividades financieras".

Cuatro años después, la presidenta de la Comunidad de Madrid hace pública la factura del apartahotel en el que se alojó durante la pandemia después de que Sarasola asegurara ante un requerimiento del Congreso que no le constaba. El precio facturado es de 80€/día por un apartamento de lujo se alquilaba por unos 200 euros al día

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó durante varios años a los medios de comunicación al no apreciar delito. La causa abarcaba al periodo temporal de entre 2016 a 2019, durante la etapa en la que Ximo Puig era el jefe del Consell. Las indagaciones se iniciaron hace alrededor de un año tras una denuncia presentada por la Fiscalía a raíz de una investigación de la Agencia Antifraude.

se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos exámenes no tendrán efectos. Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de trabajo.

En estos días, el panorama de la inteligencia artificial (IA) está cambiando rápidamente, y no siempre para mejor. Durante años, los desarrolladores de IA han dependido de vastos conjuntos de datos extraídos de internet para entrenar sus modelos. Sin embargo, la disponibilidad de estos datos está disminuyendo drásticamente.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han sido señaladas por destinar una parte significativa del dinero público a pseudomedios digitales.Los datos son claros y reveladores. El Gobierno de López Miras ha gastado 116.423,56 euros en OK Diario, 54.355,77 euros en EsDiario, y 38.364,44 euros en Libertad Digital.