Lo que está ocurriendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid con la sanidad pública no es un fallo de gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino el deseo político de asfixiarla retorcidamente para poder llevar a cabo el proceso privatizador que frenaron los tribunales cuando se pretendió ejecutarlo directamente y sin complejos.La privatización de la salud pública madrileña solo es, pues, Fernández-Lasquetty sacándose la espinita de 2014. Y lo está consiguiendo.

Muere Jesús Candel, médico intensivista granadino, a sus 46 años a causa de un cáncer de pulmón.

(...)Urgencias digital permite optimizar procesos y recursos, ya que un solo facultativo puede atender a pacientes de distintos centros a la vez (...) al facilitar la conciliación familiar, el teletrabajo o la adaptación...

Ayer fui a Urgencias del hospital de Villalba. El dolor de ciática ha empeorado. No puedo caminar, se me duerme pie y vivo a base de 3 Enantyum diarios. Esta fue mi sorpresa: una doctora a través de la webcam. Ni exploración,ni pruebas. Pinchazo y a casa.

La Federación de Asociaciones Vecinales lamenta que episodios como la llegada del hospital Quirón, «la venta de suelo para aparcamientos privados, el plan especial de vías o el Solarón» empobrezcan el patrimonio de la ciudad

Las corporaciones sanitarias estadounidenses están aumentando sus milmillonarias inversiones en viviendas ecnómicas. Según declaran el objetivo es dar mejor servicio sanitario a personas mayores desatendidas y reducir sus visitas a los hospitales. Compran edificios con residentes de edad avanzada sin familiares y les ofrecen atención sanitaria in-situ. La vivienda se ha convertido en parte de su diversificada cartera fondos de inversión.

La investigación muestra cómo la externalización de servicios deja a los hospitales públicos con menos recursos para atender a los pacientes más complejos, mientras las empresas acaparan los enfermos con mejor pronóstico.

El centro engordó entre 2015 y 2021 sus ingresos al atraer enfermos de otros hospitales y recibió 2.200 millones de la Comunidad de Madrid por tratar a la población adscrita.

Mientras el Servicio Madrileño de Salud dejó en el cajón 402 millones del dinero presupuestado durante 2021, pagó 1.236 millones de euros a la sanidad privada, un 31% más que en 2020.

Un informe revela que el Gobierno de la Comunidad Madrid concedió la mayoría de las licitaciones durante el 2020 empresas relacionadas con "lobbies" sanitarios.

Las listas de espera de la Sanidad en la Comunidad de Madrid están desbocadas. Suman pacientes a pasos agigantados. En tan solo un mes, entre diciembre de 2021 y enero de este año (últimos datos que facilitados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso) las personas que esperan cita para ver al especialista aumentan en casi 24.000. En concreto, se incorporan casi 800 pacientes más cada día.

Hace menos de un año la CNMC encontró expedientes donde auditoras cercanas a altos cargos del PNV habían manipulado contratos de Osakidetza por valor de hasta 108.000 euros.

Las principales calles de Bilbao, Gasteiz y Donostia se han llenado esta mañana para defender la sanidad pública ante “el desmantelamiento y la ola privatizadora” que ejerce el Gobierno Vasco

La Agencia recoge toda una serie de cuestiones que solo favorecen la privatización del sistema sanitario regional y la ausencia de transparencia y control sobre esta actividad económica.Favorece la presencia del sector privado en las mismas y/o la financiación pública encubierta de empresas privadas.Abarca la posibilidad de externalizar, es decir privatizar, sin límites, todas las prestaciones del SERMAS. Deja por lo tanto en manos de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de la C de Madrid el tomar decisiones, sin control alguno.

La coalición ha lanzado un comunicado en el que alerta de que el anteproyecto de ley 'Ómnibus', un compendio de medidas urgentes "para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración", contiene la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, un instrumento que, según denuncia, servirá "para dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña".

Los profesionales, al no disponer de la técnica de la resonancia magnética, tienen graves dificultades para formarse: además de la tecnología, se privatiza el conocimiento

A finales de octubre, la incidencia entre los más pequeños terminó de consolidar una bajada que iba en línea con la de los demás grupos de edad. Con todo, seguía siendo la más alta (54 puntos el 18 de octubre), pues la opción de vacunar a los menores de 11 años todavía no estaba sobre la mesa. Ahora, mes y medio después, esa tasa se ha multiplicado y roza ya los 500 casos por 100.000 habitantes.

España es un país solidario que pone por delante los derechos humanos y va a seguir dando pasos firmes contra el genocidio y por el alto el fuego.

La patronal ASPE se revuelve contra la ministra Mónica García y advierte de que la Ley de Gestión Pública del SNS sería “incompatible” con la Constitución.

Esto de Belén Gonzalez comisionada de Salud Mental: "Desde este comisionado vamos a impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y vamos a promover la prescripción social como alternativa, de manera que si un persona necesita acompañamiento domiciliario por soledad no deseada debemos poder prescribirlo de la misma forma que hacemos con las por pruebas o los fármacos. Grupos de deporte en lugar de Rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de lorazepam”.

Las administraciones públicas, en coordinación con el sector privado, escogen la vía turística para el desarrollo de una zona. Y cuando hablamos de desarrollo nos estamos refiriendo a crecimiento económico, no a otra cosa.

Acuerdo entre los trabajadores de la sanidad privada de la Comunidad de Madrid y la patronal que evitará la huelga que se había convocado desde el 4 de junio. El complemento reconocido que pone fin al conflicto tras el acuerdo con la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de la Comunidad de Madrid (ACHPM), que estaba recogido en los artículos 18 y 64 del convenio colectivo firmado en julio de 2023, incorpora el reconocimiento de lo que en la sanidad pública se conoce como Carrera Profesional.

Tras sufrir en sus carnes la vulnerabilidad de un cuerpo humano defectuoso. Esther Sanz defiende ahora la sanidad publica y las ventajas del Estado de Bienestar que tanto critica y tanto lucha por destruir su antiguo partido.

Tras más de dos años de negociación, los sindicatos CCOO y UGT se han levantado de la mesa para la renovación del convenio colectivo de la sanidad privada. El objetivo no es otro que actualizar un convenio que decayó hace ya catorce años y que mantiene las tablas salariales congeladas desde entonces (aunque algunas categorías han mejorado ligeramente para alcanzar al menos el Salario Mínimo Interprofesional).

El 14 de mayo, Osakidetza formalizó un contrato por 5.082.000 € para externalizar otra parte de los “servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones de gestión”. El procedimiento de adjudicación se restringió a una sola empresa, Deloitte, sancionada en 2021 por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC): tuvo que pagar unos 4 millones por prácticas colusorias contra la administración pública, entre ellas Osakidetza, que ahora justifica no disponer “de personal cualificado, ni personal suficiente, para las acciones enmarcadas”.

Funcionario (del Estado) de prisiones rescatado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atendido en un hospital público del Estado, que cobra una indemnización del Estado por ser víctima de terrorismo y con una pensión que le paga el Estado. Este es el nivel.

Human Rights Watch documentó cómo muchos hospitales sin fines de lucro operan más como corporaciones con fines de lucro y cobran altas tarifas e impulsan y persiguen en forma enérgica el cobro de facturas de las personas que no pueden afrontar su pago. “Los hospitales sin fines de lucro están contribuyendo al endeudamiento asociado con la atención de la salud y emplean prácticas abusivas de facturación y cobro de deudas”, explicó Matt McConnell, investigador de justicia y derechos económicos de Human Rights Watch.

El informe que cada año hace la Federación de asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública no deja en mal lugar a La Rioja. Según el estudio realizado este año, la región sería la cuarta comunidad que se encuentra en mejores condiciones teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se evalúan. La Rioja se encuentra sólo por detrás de Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Por lo que sea, los medios untados por Ayuso están sacando poco o nada estás imágenes.