El Tribunal Supremo anula su propia sentencia y dicta a favor de los bancos. En la excepción española,junto al IBEX debería anotarse el TS como nuevo indicador de referencia bursátil. El descrédito de la alta justicia española registra un nuevo hito. Todo se resume en esa máxima absoluta. El dinero, como prioridad. Su patria, su nación, su emblema. Sucio. Desmedido hasta lo innecesario. A cualquier precio, por encima de quien sea. Parece el hilo conductor de la actualidad, de sus grandes atropellos. El dinero. El poder que da acceso a obtenerlo

"Dije en su día que la justicia es un cachondeo y me reafirmo; ahora es peor", argumenta para sostener que en su caso "el Supremo sostenía que siendo abogado tenía que conocer la legalidad de los dos contratos", antes de advertir que "al interventor y al secretario no les ocurrió nada", y trazar un agravio comparativo con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la que denomina "la del Gürtel, corrupta pero prescrita" cuando en su caso "el mismo Supremo decía que aunque fuera abogada no tenía por qué conocer lo del Ayuntamiento".

Video donde cuento (el propio Torbe lo cuenta) por fin qué pasó con las menores del caso Torbe. Cuantas menores fueron y que ocurrió realmente. Y las terribles noticias que sacaron intentando hacerme todo el daño posible, cuando la realidad era bien distinta.

La justicia penal internacional tiene en su punto de mira, a la vez, a los dos enemigos que han convertido la guerra de Gaza en un baño de sangre.

La propuesta del economista Gabriel Zucman de gravar a las 3.000 mayores fortunas aportaría 225.000 millones anuales y es técnicamente factile, pero chocaría con la soberanía tributaria que esgrimen los territorios offshore, donde hay billones ocultos.

El equipo de voluntarios de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) que el pasado lunes comenzó la búsqueda de una fosa común de la Guerra Civil en Villela (Burgos) ha localizado ya restos de cuatro jóvenes, de unos 18 o 20 años, que fueron fusilados y enterrados en septiembre de 1936. Los trabajos siguen para buscar a otras dos o tres personas que habrían sido asesinadas el mismo día.

Cuatro meses han pasado desde que se deliberaron los recursos contra la sentencia del caso Bárcenas, que expuso la financiación ilegal del PP y el uso de dinero negro para costear la reforma de su sede. Sin embargo, la sentencia sigue sin ver la luz. En juego está una cuestión trascendental: determinar si las donaciones ilegales a las arcas del PP están exentas del pago de impuestos, como dictaminó la Audiencia Nacional, o si, el partido debe abonar el impuesto de sociedades correspondiente, lo que implicaría su condena por delito fiscal.

La Justicia considera que el caso de tener ambos progenitores ingresos similares, debe primar el principio de igualdad y el gasto de desplazamiento para ver a los hijos debe compartirse.

Alemania sigue intentando hacer justicia con las víctimas de la barbarie nazi a pesar de que pocos de los responsables están vivos pasados ya más de 80 años desde el inicio de la II Guerra Mundial. El último caso que protagoniza este martes la actualidad en el país tiene como protagonista a Irmgard Furchner, una mujer de 99 años de edad que en 2021 fue acusada de ser cómplice del asesinato de 11.412 personas y que en 2022 fue declarada culpable. La mujer intentó escapar de la residencia en la que vivía antes de ser arrestada.

"Realmente creo que es ilegal lo que hacen con los jueces y magistrados: están jugando al árbitro", dijo Trump en un discurso. "Recuerden el término, jugar al árbitro con nuestros jueces y nuestros magistrados debería estar penado con delitos muy graves y más allá", añadió Trump hacia el final de su discurso.

El caso de una joven afroestadounidense acusada de matar al hombre que la explotaba y abusaba sexualmente de ella lleva varios años generando polémica en Estados Unidos. Este lunes, Chrystul Kizer, de 24 años, fue condenada a 11 años de prisión, menos año y medio que ya había cumplido, por matar a tiros a Randall Volar III, de 34 años. El centro de la controversia giraba en torno a cómo puede la ley amparar a una víctima de trata o abuso sexual cuando comete un crimen que puede salvarle la vida. Kizer se enfrentaba a la posibilidad de ...

Los republicanos esperan que el conservador Tribunal Supremo de EE.UU. intervenga en una disputa electoral del estado de Arizona y prohiba ejercer el derecho al voto a más de 40000 personas

El Museo Británico no quiere oír hablar del tema y un grupo de historiadores y arqueólogos se ha tomado la justicia por su mano. ¿Cómo? Escaneando sin permiso las obras, creando réplicas exactas en mármol y ofreciéndolas… al propio museo.

Los siete magistrados de sensibilidad progresista han avalado, desde hace un año y medio, las grandes leyes de la pasada legislatura, por ejemplo, la ley de eutanasia; el aborto; la ley rider, que pone coto al empleo de los falsos autónomos y garantiza los derechos laborales de las personas que trabajan en el reparto a través de plataformas digitales; la ley Celaá, la vigente ley de educación que acaba con la prohibición de qué colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos.

Sergio Álvarez Ibáñez, miembro de la Organización Telefónica Obrera de la UGT, tenía cuarenta años cuando fue detenido. Acababa de finalizar la Guerra Civil, en la que había desempeñado el cargo de comisario de batallón en el frente del Centro. Y allí, entre los muros de la Dirección General de Seguridad, perdió la vida. Según un atestado policial, sufrió un "ataque cardíaco" mientras estaba siendo interrogado. Pero la autopsia realizada reveló que el cuerpo presentaba "contusiones en codos, regiones pectorales y nalgas".

"La verdadera oposición de este país se ejerce en el Tribunal Supremo", critica Wyoming, que afirma que "los jueces antes de estar redactada la ley de amnistía salieron en masa a protestar cuando tienen terminantemente prohibido manifestarse como jueces". "Eso es una falta grave que puede acarrear la expulsión", insiste el presentador. "Los golpes de Estado ya no se dan con tanques como el 23F", destaca Wyoming.

El fallo fue de 5-4. "En este expediente limitado y en sus solicitudes de emergencia, el Gobierno no ha proporcionado a la Corte una base suficiente para perturbar las conclusiones provisionales de los tribunales inferiores de que las tres disposiciones consideradas probablemente ilegales están entrelazadas con otras disposiciones de la norma y afectan a las mismas", se lee en el texto avalado por John Roberts, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Samuel Alito y Clarence Thomas.

Así mismo, recusará a tres de los doce integrantes del Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien considera que los tres magistrados "no dan garantías de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud"