La que fue magistrada de la Audiencia Nacional cuando instruyó parte de la causa del ‘procés, motivo por el que como premio fue ascendida a la Sala Segunda del Alto Tribunal, ha sido denunciada ante la Policía tras recibirse en el “Buzón de Denuncias” de ACODAP copia de las pruebas de los sobornos. No cabe duda, Carmen Lamela es otra pieza fundamental de la trama delictiva que anida en la fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo.

Por una falta muy grave de abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales y por una por una falta muy grave por el incumplimiento del deber de abstenerse de intervenir en un procedimiento, por enemistad manifiesta y por interés indirecto en el asunto.

Con este acuerdo entre las fuerzas políticas, las puertas giratorias para jueces y fiscales italianos que se pasen a la política quedarán cerradas para siempre. «Los magistrados que hayan ocupado cargos electos de cualquier tipo o cargos gubernamentales (nacionales, regionales o locales), al finalizar su mandato no podrán volver a desempeñar ninguna función judicial«, dice el proyecto de ley que apoyan el Movimiento 5 Estrellas, La Liga, Forza Italia, el Partido Democrático e Italia Viva.

Trump habría usado un privilegio inventado padre-hijo para evitar que sus hijos Donald Trump jr e Ivanka Trump declaren. "Hay ciertos privilegios bien establecidos", agregó Toobin. "Sabes, privilegio abogado-cliente, privilegio conyugal, privilegio contra la autoinculpación. No existe un privilegio padre-hijo o padre-hija. Así que, ya sabes, no hay base que pueda ver que permita que el - Don Jr. e Ivanka eviten testificar y creo que un juez va a decir, no, tienes que responder a la pregunta".

«Solo se necesitan 176 votos en el Parlamento para reformar la LOPJ, mientras que la renovación del CGPJ son necesarios 210 votos. Resulta, pues, más fácil y más legal reformar y después renovar que renovar y seguir incumpliendo frente a Europa. Además, la reforma puede abordarse en unos meses, tal como demuestra la última reforma de la LOPJ de marzo de 2021″, dice en un comunicado de la PCIJ, una asociación transversal de la que forman parte jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, juristas, catedráticos y periodistas.

Según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, fiscales y funcionarios de Justicia podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad si ninguna de las partes se opone alegando que la desconoce y que ello puede producir indefensión. Las partes y sus abogados, así como testigos y peritos tienen derecho a usar las lenguas cooficiales del lugar en el que se celebre el juicio, tanto en manifestaciones orales como escritas.

l titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha hecho público este lunes un auto por el que pone fin a más de cinco años de investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y deja a este a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 13 personas, así como a dos empresas y un bufete de abogados como personas jurídicas, por la supuesta trama de corrupción organizada por el político para embolsarse presuntamente algo más de dos millones de euros de comisiones de los contratos

La Sala de lo Penal considera que deben investigarse a fondo las posibles coacciones a testigos del caso contra el magnate de la noche balear. El presidente del Tribunal, Carlos Gómez, había reducido la causa a una acusación contra los investigadores de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos

Se le acusa de eludir el pago de 840.017 euros en el ejercicio de 2014 y de 572.008 euros en 2015. Alonso fue juzgado y absuelto de acusaciones similares relativas a los años 2010 a 2012, ya fue citado por la acusación de fraude de 2013 y se negó a declarar. Él es el único de una larga lista de futbolistas que siempre ha rechazado llegar a un acuerdo con la Fiscalía en defensa de su inocencia. Hoy, en declaraciones a los periodistas en las puertas de los juzgados ha apuntado que en este caso seguirá la misma estrategia.

ACODAP denuncia a una juez usurpadora, María del Carmen Pozuelo Sánchez ¿de dónde ha salido?

El fiscal del distrito de Fulton Fani Willis ha abierto una investigación criminal sobre el ex presidente Trump por sus ′′ intentos de influir en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020." La investigación se refiere a una controvertida llamada telefónica que Trump hizo con el secretario de Estado de Georgia, una persona familiarizada con la investigación dice.

El Gobierno concedió 17 indultos en 2018 y otros 39 en 2019, lo que representa algo menos del 1% respecto del total de expedientes resueltos en cada uno de estos años, según los datos aportados este lunes en el Congreso por el subsecretario de Justicia, Miguel Bueno. En un 98% de los indultos concedidos en este periodo, los expedientes contaban, al menos, con un informe favorable del tribunal sentenciador o del Ministerio Fiscal y, en el 69% de los casos, con ambos. El parecer de la víctima también se ha tenido en cuenta en la resolución...

Los fiscales Anticorrupción Tomás Herranz y Fernando Bermejo, encargados de la causa que investiga al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, apuntan en un escrito a la comisión de otros once posibles delitos por éstos y los policías del Grupo de Blanqueo. En un escrito remitido esta semana a la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, hace un repaso de los informes policiales en torno a la detención de la familia de Álvaro Gijón y a la irrupción y las mentiras de la madame.

La residencia 80 de la calle 31 fue precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en medio de investigaciones por presunto terrorismo contra el expresidente y el líder cocalero Faustino Yucra.

La magistrada afea al fiscal que se dirija al jurado como si ya se hubiera celebrado el juicio por el asesinato de la viuda del presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

La Fiscalía apoyó que se investigara al juez y el fiscal al entender que existían indicios de que cometieron delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. También incluye un delito de prevaricación en torno a la prisión preventiva de tres de los investigados en el ‘caso IME’.

Si el juicio de Bankia fuera un combate de boxeo, el primer asalto se habría saldado con una victoria por los puntos o cerca del KO de las defensas. Al menos a tenor de las pistas que va arrojando el tribunal presidido por Ángela Murillo. El lenguaje corporal de la presidenta y de Teresa Palacios es claro: convencen más los argumentos de los peritos de las defensas que los judiciales, los inspectores del Banco de España, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets. El único magistrado que no da pistas es Juan Francisco Martel

Se les procesará por delito contra la Hacienda Publica y, en el caso de Duato, también por falsedad documental. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar además a otras 29 personas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dejó este viernes en libertad provisional a los últimos cinco detenidos por el caso Villarejo: Ángel y Álvaro Pérez-Maura, Adrián De la Joya, Francisco Javier Soucheiron y Enrique Maestre. Todos ellos fueron detenidos el miércoles por el pago de 10 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo y por la supuesta entrega de 30 millones a las autoridades de Guatemala para conseguir una adjudicación en dicho país, pero tras más de catorce horas de interrogatorio

En más de un año desde que asumió la instrucción, Miquel Florit ni siquiera ha abierto el armario donde siguen bajo llave los miles de folios del sumario del caso Cursach, pero se ha dedicado a indagar posibles irregularidades de la investigación sobre la trama mafiosa, arriesgándose a invalidar las actuaciones judiciales. El juez incluso ha recibido una reprimenda del Tribunal Superior de Baleares por no presentar una exposición razonada de las imputaciones contra los que le precedieron.

“La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto 'lawfare' y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político..la “embestida legal” en su contra es “una clara puesta en marcha de una táctica de ‘guerra no convencional’, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político, en el que se combinan acciones aparen

Pablo Iglesias, ha calificado la información publicada de “enormemente relevante” ya que se escucha a Aguirre jactarse del uso de su posición para “intentar hacer caer un gobierno”. También ha destacado que estos archivos vuelven a confirmar que hay una parte de la judicatura que utiliza su poder para conseguir objetivos políticos.

Se conocen como vacaciones fiscales a unas medidas económicas dirigidas a atraer inversión foránea al País Vasco, en España, llevadas a cabo durante el ejercicio 1993-1994 por parte del Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Ardanza, por las que se premiaba a las empresas que se instalaran en esta comunidad autónoma.

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada de la causa en la que también aparecen como investigados por traición (un delito excluido de la Ley de Amnistía) y malversación de caudales públicos el ex presidente catalán Artur Mas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, su director de oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica Víctor Terradellas o la ex dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi.