El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid revela el descontrol, los enchufes y los gastos millonarios de un proyecto estrella de Esperanza Aguirre. Las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre son desoladoras: documentación mal clasificada e insuficiente, 131 cajas de archivos desaparecidas, diez palets de documentación destruidos y absoluta opacidad acerca de dónde se fue el dinero y para qué era.

La Cámara de Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa pública creada por Aguirre. No han aparecido contratos ni había sistema de selección en función de mérito y capacidad

La Comisión de la Asamblea de Madrid sobre el endeudamiento en la Comunidad tiene una cita importante el próximo 20 de marzo. Los diputados estudiarán sobre si llevar o no a la Fiscalía un recopilatorio de las presuntas irregularidades que han identificado en el Campus de la Justicia. “Esto tiene bastante miga”, “Parece que hay bastantes irregularidades en materia de contratación con importes millonarios y es un quebranto patrimonial muy grande que puede suponer malversación de fondos y un uso ilícito de fondos públicos”..

Tres organizaciones de derechos civiles han presentado una demanda contra la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, por revocar las protecciones para las estudiantes que denuncian agresión sexual. La demanda argumenta que DeVos tiene "estereotipos discriminatorios" sobre las mujeres y está convencida de que muchas de las que denuncian abusos o agresiones sexuales "han malinterpretado un acercamiento romántico inofensivo" y que mienten o que más tarde lamentan un "encuentro sexual consensuado".

No hay un patrón aparente para el castigo por mala conducta sexual en Yale. Más de 60 quejas formales de agresión sexual han pasado por este proceso desde 2011. Cuando la escuela encuentra evidencias de sexo no consensual, las consecuencias abarcan una amplia gama. En 15 casos Yale emitió un dictamen de "penetración sin consentimiento", "sexo no consensual" o "relación sexual sin consentimiento". Yale ha emitido 5 expulsiones. Las otras 10 instancias recibieron suspensión, libertad condicional o una reprimenda por escrito.

El caso de la providencia de la Audiencia Nacional sobre las actas del Canal se suma a otros problemas con documentación judicial. El Ejecutivo regional ha enviado varios escritos al juez de Púnica asegurando que no encontraba expedientes de adjudicaciones de empresas investigadas. El Gobierno de Cifuentes también tardó meses en encontrar las cuentas del Campus de la Justicia y no localizó todos los contratos.

Las víctimas de acoso y agresión sexual dicen "Me Too" ya que el país atraviesa un cambio cultural tras las revelaciones sobre Harvey Weinstein y otras celebridades importantes, desde comentarios crudos hasta violaciones. En los campus universitarios, ese cambio se ha estado desarrollando durante años, debido en parte al activismo estudiantil y a una mayor atención a la violencia sexual en el campus por parte de la administración Obama. Pero las demandas por difamación son una nueva herramienta en la batalla para el cumplimiento del Título IX.

Lleva abandonado desde el año 2010. Costó 21,4 millones de euros. Y es el único vestigio que queda del faraónico y fallido proyecto que hace más de una década ideó la expresidente madrileña Esperanza Aguirre para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la región. El Instituto de Medicina Legal del Campus de la Justicia, más conocido como el 'donut' de Valdebebas, se come cada año 176.000 euros en mantenimiento y seguridad mientras se levanta solo y sin un futuro claro en un erial de más de 200.000 metros cuadrados.

Se han producido protestas de estudiantes contra la violencia sexual en el campus en la Univ. Hindú de Banaras, La India. Aparentemente se permite el acoso sexual y la violencia. El vice-rector justificó las políticas discriminatorias contra las estudiantes, en particular sobre los toques de queda, alegando que "la seguridad de los chicos y las chicas nunca puede estar a la par". Su negativa a reconocer incluso que existe un problema, que la violencia sexual y el acoso a las mujeres dentro y fuera del campus es una realidad, es aterrador.

El gobierno de Trump desechó la orientación de la era Obama sobre la investigación del agresión sexual en el campus, reemplazándolo con nuevas instrucciones provisionales que permiten a las universidades decidir qué estándar de evidencia deben usar. Los defensores de los estudiantes sobrevivientes de agresión sexual condenaron rápidamente la noticia, y algunos dijeron que la secretaria de educación, Betsy DeVos, carecía de la capacidad legal de cambiar el estándar de evidencia, uno de los elementos más polémicos del debate sobre este asunto.

En el Título IX, las escuelas debían asegurarse de que los supervivientes de abuso sexual pudieran permanecer en la escuela y aprender sin peligro. Esta semana la secretaria de Educación, Betsy DeVos, revocó esa promesa. A una audiencia sólo para invitados en la Univ. George Mason, cerrada a los estudiantes que protestaban por su anuncio, declaró que la administración Obama había ido demasiado lejos protegiendo a los estudiantes supervivientes en detrimento de los acusados. El Departamento de Educación, indicó, invertirá el curso del proceso.

En febrero de este año, una víctima fue a la policía de La Vernia, Texas, con demandas de agresión sexual por los atletas de la ciudad. Mientras la investigación se desarrollaba, la policía encontró al menos 9 víctimas más de presuntos abusos, que abarcan un período de al menos tres años, por estrellas de fútbol, béisbol y baloncesto. Los jugadores del equipo universitario fueron acusados de sodomizar a sus compañeros de equipo más jóvenes con varios instrumentos, incluyendo bates de béisbol. Un total de 13 estudiantes han sido arrestados.

Una ex-estudiante de la Chadron State College ha demandado a la Nebraska State College System por no haber tomado las medidas apropiadas contra el hombre que ella afirma que la violó en el campus en 2016. La mujer, que asistía a la Chadron State College con un visado de estudiante de un país africano, trabajaba como oficial de seguridad en un dormitorio universitario del campus en las primeras horas de la mañana del 19 de septiembre de 2016, cuando otro estudiante la asaltó sexualmente.

Las universidades seculares, como Harvard y Stanford , han estado bajo la lupa por su manejo de agresión sexual en los últimos años. Pero las escuelas religiosas que priman la pureza sexual tienen desafíos únicos cuando intentan abordar la violación en sus campus. Esos desafíos han salido a la superficie en algunas de las escuelas cristianas más conocidas de la nación, como la Universidad Baylor en Texas. En la universidad de Gordon, norte de Boston, prohíbe "la embriaguez, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la práctica homosexual".

Mientras la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, reflexiona sobre el posible desmantelamiento de las protecciones del Título IX para las víctimas de abuso sexual en el campus, un grupo de 20 fiscales generales le están rogando que mantenga las directrices actuales en vigor. "Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con su Departamento para abordar el problema de la agresión sexual en los campus universitarios de Estados Unidos", dicen los fiscales. "El objetivo final es asegurar que todos los estudiantes estén protegidos".

La Guardia Civil pone la lupa sobre las cuentas del proyecto estrella de Esperanza Aguirre e Ignacio González, desde el que se habrían desviado fondos a empresarios de la trama Púnica para alimentar la caja B del partido. Granados fue consejero-presidente del Campus de la Justicia desde 2008 hasta 2012.. "el descontrol en el gasto en dicha empresa pública ha sido notorio" ya que el proyecto estaba presupuestado en 500 millones de euros y "habrían existido adjudicaciones a empresas vinculadas a otros investigados en la trama como OHL"..

Alfredo Prada fue el primer presidente del Campus y usó su Visa Platinum para gastar 24.000 euros en dos años en restaurantes y viajes. El proyecto se promocionó durante años con publicidad y exposiciones de arte que juntaban cuadros impresionistas y maquetas del Campus. El actual Gobierno regional admite que se han invertido más de 100 millones de euros para "absolutamente nada".

Las cuentas del proyecto fallido recogen pagos a Daniel Mercado, investigado en Púnica por desviar al partido dinero de las adjudicaciones.Sus empresas Over Marketing y Traci Comunicación se encargaron de la promoción del macroproyecto durante los primeros años.Mercado ha admitido que amañaba contratos con administraciones del PP hasta que Correa le sustituyó como proveedor del partido.. "La práctica consistía en invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid..

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez, había solicitado el acceso a esa información hacía varios meses. Aquel proyecto acabó frustrado antes de nacer,pero con una deuda de 105 millones de euros para la Administración.Contratos adjudicados sin concursos,facturas sin justificar,gastos desorbitados en asuntos superfluos o la acumulación de cargos fueron algunas de las ocurrencias presuntamente perpetradas por los responsables.. este lunes apareció finalmente dentro de una aplicación del ordenador de la empresa externa

El vicepresidente del Real Madrid se llevó 252.000 euros en apenas un año. PSOE, Podemos y Ciudadanos anuncian que llevarán a la Fiscalía las irregularidades detectadas.

Tras las sesiones dedicadas en la comisión del endeudamiento en Asamblea de Madrid al macroproyecto Campus de la Justicia a raíz de las comparecencias de sus responsables y la información recabada, los partidos han emitido hoy su valoración provisional.Y hay bastantes palabras comunes en los veredictos de Ciudadanos,Podemos y PSOE en la región de Madrid: derroche, irregularidades, desfalco, clientelismo, duplicidades o sobrecostes son las más repetidas. “Se acumulan suficientes indicios como para proponer al resto de los grupos un acuerdo..

Casi lo mismo que invierte el Museo del Prado en promocionar todas las exposiciones en un año. La empresa pública pagó 172.000 euros solo por poner una lona en la calle Goya durante mes y medio...

Iustitia: la Justicia en las Artes. El 15 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, inauguraba una exposición dedicada a "plasmar la importancia de la Justicia en las diferentes disciplinas", según explicó entonces el Gobierno de la región.

El sindicato de funcionarios públicos de ultraderecha Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, por considerarlo "cómplice, encubridor y cooperador" de la huida del expresidente de la Generalitat. El abogado del presidente en el exilio ha sido denunciado en concreto por "obstrucción a la justicia y la omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución como cómplice y encubridor sin perjuicio de que en las diligencias que se practican hubiera podido ser cooperador"

En un Estado de derecho, el ordenamiento ha de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas. Para ello es necesario adoptar medidas en relación a sectores de la población que se consideran más vulnerables. El artículo 103.1 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”, reforma el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se cumplen dos años de la instalación del memorial en el municipio toledano y este lunes está prevista la celebración de un acto cívico para recordar a quienes “lucharon por la libertad” que ahora se verá empañado

Maider García Martín tenía solo cinco años cuando los terroristas mataron a su padre. Sin embargo, conserva muchos recuerdos muy nítidos de su padre: escenas cotidianas, familiares, paseos...que ha relatado en 'La ventana de la memoria'. Recuerda también perfectamente la sesión de fotos en 'Fotos Patxi'en la que aparece con sus padres y que algunas fuentes quisieron ligar al caso, como si hubiera sido la pista que llevó a los asesinos hasta su padre.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) determina que la libertad de movimiento de la mujer es clave a la hora de valorar si existe trata de personas. Ello, a pesar de que la mujer emigrara desde un país extranjero y acabara ejerciendo la prostitución en el negocio de su prima, responsable del traslado.