El expresident acusa al magistrado de "torcer el derecho" al proseguir con la investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía. El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.

Mientras que Google y Cloudflare han aplicado el bloqueo, Cisco (propietario de OpenDNS) ha acatado la orden judicial desde otro ángulo, que probablemente no es el que esperan las autoridades, retirando por completo el acceso para los usuarios del país. Lo mismo ocurre para los portugueses, donde Canal+ cuenta con una resolución judicial en el mismo sentido. Aunque la nota de Open DNS no explica los motivos de tal decisión, es posible que hayan preferido apagar el servicio a alterar su funcionamiento, haciendo que no respete el protocolo DNS.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

Esta martes, durante la sesión de control, el Partido Popular ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de formatear su móvil “a martillazos” para borrar todo rastro del programa israelí para así impedir conocer el origen de la infección, deslizando que pudo ser Marruecos. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, le ha reprochado el senador popular José Antonio Monago. Una acusación que ha sido respondida con un “no sé como no le da vergüenza; ustedes sí que destruían a martillazos”.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.

David Vargas, que se hacía pasar por religioso tras ser expulsado del sacerdocio, también acusado de hurto, extorsión, apropiación indebida y tenencia de una pistola