El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la jueza Mercedes Alaya, ha procesado finalmente al expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club heliopolitano, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la "descapitalización" de la entidad "en beneficio" de las sociedades instrumentales controladas por el propio Lopera.

¿Va a soltar el Caso de los ERE? ¿Elevará las piezas con aforados implicados (las del 'procedimiento específico' y la de la Sierra Norte)? Antes tendría que fraccionarlo ¿Seguirá investigando en exclusiva las sobrecomisiones, el papel de las mediadoras o el de los sindicatos en torno a las subvenciones sociolaborales? Después de más de tres años de investigación, de 166 imputados ( los últimos 15 hace menos de diez días), de 'preimputaciones' y de 'reimputaciones', conceptos inexistentes jurídicamente...

La juez alude a que determinados informes y atestados aún por recibir y la "extraordinaria" interrelación entre las piezas no hacen conveniente desmembrar "por ahora" la causa ante hipotéticos "fallos contradictorios".

El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha decretado el embargo de una segunda finca perteneciente a la Federación de Industria de CCOO y ubicada en Madrid tras ser declarada responsable civil subsidiaria de la fianza de 593.306,96 euros impuesta de manera solidaria al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y a su homólogo a nivel andaluz, Enrique Manuel Jiménez.

Varios medios han publicado crónicas sobre la boda de la magistrada Mercedes Alaya, con alusiones personales sobre su forma de vestir o de llegar a la celebración. Laura nos escribía para denunciar lo que consideraba una "malintencionada crónica social". "Me parece un flagrante ejemplo de que el machismo sigue instalado en los medios de comunicación. Se puede advertir tanto en el artículo en sí mismo -que habla de su vestido, de si lleva el pelo más ondulado, de si como "novia" es tan impuntual como en su cargo de jueza-, como en alguno de sus

El PSOE ha tardado pocos minutos en contestar a la juez Alaya por la millonaria fianza impuesta a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE. Desde el partido, que se ha mostrado en los últimos meses muy crítico con Alaya, han insinuado desde motivos políticos hasta problemas mentales de la juez que está instruyendo el escándalo. Manuel Chaves ha censurado el "afán justiciero" de la jueza del caso de los ERE en Andalucía.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que destaca "la participación lucrativa" de los sindicatos en el "gran negocio" de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía, "sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales".

El domingo pidieron la imputación de su marido en el 'caso Mercasevilla', el lunes designaba a un nuevo administrador judicial en el Betis que resultaba estar imputado en un juzgado de Posadas (también junto a su marido), el martes la recusaba el exconsejero delegado del Betis Luis Oliver y la Audiencia revocaba de nuevo uno de sus autos del 'caso ERE', y el miércoles recibía una carta del exconsejero de Empleo en la que le rogaba que le devolviera el DNI.

La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar como imputado este jueves a un socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L.', mientras que el viernes le tocará el turno al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla y a su hija, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades contables cometidas en el mercado central. Asimismo, la magistrada ha citado como imputado este viernes al expresidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado Antonio Vela "por la recepción de determinadas cantidades...

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares tramitados por la Junta ha dictado un auto en el que reconoce que la "carga" de trabajo que sufre, pues además del caso ERE instruye otras ´macrocausas´, "excede en muchos momentos" de "las capacidades personales". Alaya da así la razón a quienes desde hace meses le han venido reprochando su escasa celeridad en la instrucción del caso, así como ciertos aspectos de la misma que han llevado a algunos imputados a declararse "desprotegidos".

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha dictado un auto en el que reconoce que la "carga" de trabajo que sufre, pues además del caso ERE instruye otras 'macrocausas', "excede en muchos momentos" de "las capacidades personales".

La jueza justifica que un informe considerado clave por las defensas tardara 14 meses en ver la luz en el sumario de los ERE. En un primer momento argumentó que dicho informe y la declaración de Luque constaba en un borrador de atestado de la Guardia Civil, pero “no constaba por error” en el atestado definitivo entregado por la Guardia Civil al Juzgado. En un segundo momento, la desaparición de dicho informe, es atribuida por la jueza a “un mero error sin trascendencia”.

La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone una fianza de 593.000 euros al exsecretario general de Industria de CCOO-A Manuel Jiménez García, por su participación activa en 444.980,22 euros pagados por la Junta para los empleados de Calderinox y dos intrusos que nunca trabajaron en esa empresa. La juez afirma que el sindicalista adquirió los compromisos para el pago de subvenciones a la empresa con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Después de haber sufrido un fuerte revolcón, tras haber acordado la Audiencia Provincial de Sevilla la anulación de la imputación de Magdalena Álvarez, una semana después la jueza Alaya la imputa de nuevo acusándola ahora de que “el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante, entre otros”. Una acusación de tal gravedad que solo puede entenderse cuando la instrucción ha derivado en una maquiavélica obsesión, al haber perdido el sosiego y la serenidad.

La magistrada insiste en señalar a la exconsejera y exministra, pese a que la Audiencia anuló el auto de acusación.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla invita a la juez Mercedes Alaya a que deje ya de investigar el caso de los ERE. “Podría haberse alcanzado el límite de instrucción”, señala el auto de la Audiencia, con fecha 25 de octubre y firmado por cuatro magistrados. Sin citar de modo específico a Chaves y Griñán, el organismo judicial quiere que Alaya acabe con su instrucción para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el Tribunal Supremo quien siga con la causa respecto a políticos preimputados y aforados.

La juez Mercedes Alaya ha archivado la causa abierta contra seis empresarios que fueron imputados tras pujar por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales que se les imputaban y que no se les puede aplicar el delito de prevaricación.

La Junta de Jueces de instrucción de Sevilla celebra hoy una reunión para tratar el acoso y los insultos que sufrió la magistrada que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, cuando el pasado jueves tomaba declaración a varios sindicalistas imputados. Los compañeros de la juez Alaya debatirán y emitirán un comunicado sobre el acoso que sufrió, cuando varias decenas de sindicalistas la abuchearon y gritaron "fea, hortera y pepera" cuando llegaba al juzgado para tomar declaración a los imputados.

Los sindicatos CCOO como UGT han emitido un comunicado este sábado en el que se afirma que la concentración celebrada el jueves a las puertas del juzgado de Mercedes Alaya no tenía por objeto presionar a la Justicia, sino mostrar el respaldo a los detenidos y contra la actuación polícial, a su juicio excesiva.

Se quejan los sindicatos de una campaña de los medios para desprestigiarles. También están quienes revolotean alrededor de algo que huele raro. Véase por ejemplo a una tal doña Almudena Grandes, diciendo cosas tan inteligentes como que le cae mal la jueza Alaya porque va maquillada a trabajar a las ocho de la mañana. Colocar el listón tan bajo hace que ni exista un debate: si las formas son tabernarias, simplemente no puede existir el diálogo.

Varias decenas de sindicalistas, en su mayor parte de CCOO, han recibido este jueves con gritos de "libertad" a Salvador Mera, secretario de UGT en Cádiz y el primero de los siete detenidos por los ERE falsos que ha pasado a disposición judicial. Unas horas antes, y coincidiendo con que la juez Mercedes Alaya salía de los juzgados para comer, el mismo grupo la increpó con insultos como "fea". Durante la concentración de los sindicalistas también se han coreado consignas como "Alaya, pepera, métete en la lechera".

Unos 300 sindicalistas de CCOO y UGT, entre ellos los secretarios generales de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán, y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, se concentran desde primera hora ante el edificio de los juzgados en favor de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los ERE irregulares. Han gritado consignas como "Alaya pepera, métete en la lechera", han mostrado su solidaridad con los detenidos, han defendido la "honorabilidad" de los compañeros y el trabajo sindical que han realizado "y que nadie cuestiona".

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una ley de Iowa que habría permitido a las autoridades policiales del estado presentar cargos penales en contra de personas que tienen órdenes de deportación pendientes o a las que se les había negado previamente el ingreso a Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado cifra en 486 las personas que pueden beneficiarse de la ley de amnistía. Desde que se inició la tramitación de la ley, el ministerio público ha recopilado las causas abiertas vinculadas al Proceso y ha identificado 82 que pueden verse afectadas por la ley. Esto no significa necesariamente que la Fiscalía sea partidaria de aplicarla en cada uno de estos casos, sino que son susceptibles de tener un impacto.

Pasándose por el arco del triunfo el art 245.1 y 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Quién da más?

Javier Pérez-Royo, catedrático en derecho constitucional. Llama inculto e indecente (varias veces), a juez del caso Begoña Gómez; el juez Peinado.