con la reforma registrada por Unidas Podemos. Socialistas y morados confían en poder llegar a un acuerdo sobre la iniciativa, pero ambas fuerzas han recurrido a vías diferentes para reformar el Código Penal.

En su propuesta, considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal.

El PSOE y el PP han protagonizado este jueves una tensa Comisión de Justicia en el Senado en la que el senador socialista José María Oleaga ha acusado al PP de convertirse en "una organización cuasidelictiva", tras las últimas declaraciones del ex tesorero Luis Bárcenas sobre la presunta caja b, y ha apremiado al partido a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos, a lo que el senador conservador Fernando de Rosa ha respondido amenazando con "acciones penales" por tal afirmación.

Con un testigo de excepción como El Muro de las Lágrimas, es difícil imaginar que un lugar tan paradisíaco como las islas Galápagos fuera en unos tiempos no muy lejanos una cruel prisión. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el gobierno ecuatoriano decidió enviar a varios cientos de condenados a una de las islas del archipiélago. El Muro de las Lágrimas es lo único que queda lo que fue una colonia penal donde cerca de 300 presos realizaron trabajos forzados, entre los que se incluyó levantar el propio muro. De unos 100 metros de longitud

Advierten de la dificultad de sancionar sin una regulación propia, ya que el Código Penal exige un beneficio económico para delitos como el tráfico de influencias o un uso ilícito para probar malversación. Dos consejeros autonómicos, alcaldes, concejales, directivos de hospitales y hasta altos mandos militares han empañado los inicios de la campaña de vacunación contra la covid-19 al recibir la dosis antes que aquellos que combaten el virus en primera línea. Más allá del reproche estético o moral

Al igual que la rebelión, se trata de un delito proveniente del siglo XIX que el ordenamiento jurídico define en términos no tan claros como sería deseable.

El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos ha descubierto otro agujero contable del que pueden derivarse nuevas responsabilidades penales. El partido acaba de reconocer en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que carecía de presupuestos cuando sacó a licitación las obras de reforma de su nueva sede en mayo de 2019, a pesar de que su Plan interno de Cumplimiento Normativo y sus estatutos impedían la ejecución de cualquier tipo de gasto sin la aprobación previa de unas cuentas anuales.

Historia. Según el registro, fueron 116 mujeres y 56 niños los que murieron recluídos entre 1937 y 1946 en la prisión de Saturrarán.

Los delitos sexuales pueden plantear problemas de prueba. Pero esos problemas no se solucionan mediante una definición legal que revictimiza y puede ser malinterpretada suprimiendo la presunción de inocencia. La mejor solución es poner el foco en investigaciones efectivas.

La edad de responsabilidad penal en China se ha reducido a 12 años en algunas condiciones especiales de conformidad con una ley recientemente enmendada, como medida para luchar contra los delitos graves cometidos por los más jóvenes. Según la ley enmendada, los niños de 12 a 14 años deben ser considerados penalmente responsables por homicidio intencional o lesiones intencionales que provoquen la muerte o causen discapacidades graves a otros por medios extremadamente crueles.

Laia Serra es abogada penalista y una de las redactoras de la reforma de la ley catalana de violencias machistas, que incluye la violencia digital.

Sus desarrolladores también analizaron el lenguaje utilizado por los usuarios de las redes sociales que vuelven a publicar las fuentes. El equipo descubrió que los usuarios de Twitter que comparten contenido de fuentes poco confiables en su mayoría tuitean sobre política o religión, mientras que aquellos que vuelven a publicar fuentes confiables tuitean más sobre sus vidas personales.

La Sala establece este criterio al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por un tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona a pagar una indemnización de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal. Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil. El auto de la Audiencia Provincial fue recurrido…

"Mi madre tiene covid, ha dado positivo , la residencia geriátrica nos informaba de su situación , de su salud y nos mandaba vídeos para verla, el SESPA ha estado allí y les ha prohibido hacerlo, les han dicho que si lo hacen serían sancionados o incluso acusados de un delito. penal, por lo que a partir de ahora mismo no nos podrán comunicar como lo estaban haciendo, me puede dar la explicación , señor Adrian Barbon porque estoy destrozada y la comunicación que me daba alivio ya ni la voy a tener y como yo todos los familiares afectados."

El Código Penal señala, en su artículo 253, que "serán castigados (..), los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido". La consecuencia de no hacerlo será una pena de multa de uno a tres meses, siempre que el valor de lo apropiado no exceda los 400 euros.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, proponen complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal, después de que hoy se haya publicado el texto en el Boletín del Congreso y de constatar que la economía sumergida crece sin parar desde 1980 a pesar de la mejora de los resultados de la AEAT

Internet, seguido del teléfono móvil, son los medios más habituales para difundir los discursos de odio, hasta tal punto que el 42,3% de las amenazas e injurias se producen en Internet y el 21,1% mediante dispositivos móviles. En España los delitos de odio vienen definidos, expresamente, en su tipificación como tales en el artículo 510 del Código penal introducido en la última reforma operada por la Ley orgánica 1/2015, que da una nueva definición al delito de incitación al odio y a la violencia, estableciendo penas de hasta 4 años de prisión.

La denuncia señala que Netflix promovió, distribuyó y exhibió material que "describe la exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de un menor de 18 años vestido o parcialmente vestido" por el "interés lascivo en el sexo". También afirma que la obra no tiene un "valor literario, artístico, político o científico serio".

La Sala de lo Penal desestima el recurso puesto por la defensa del partido de Pablo Casado en contra de la última ampliación del plazo de instrucción acordada por el instructor del caso, José de la Mata

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa penal contra el diputado y secretario de Organización de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por considerar que existen indicios de la comisión de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El Supremo investigará la causa después de que la Fiscalía presentara un escrito de acusación en febrero de 2018 en la que le consideraba autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitaba para el diputado una pena de un año de prisión.