Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas. Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes.

Las administraciones públicas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre. Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse...

El Ejecutivo regional anuncia "flexibilidad interna y no renovación de contratos temporales".

El pasado 11 de Septiembre un periódico digital gallego (ver aquí) denunciaba que determinados contenidos de la web de la Xunta de Galicia estaban configurados para que no fuese indexados por los motores de los buscadores de Internet, y por tanto no fuesen accesibles mediante consultas en los buscadores mas utilizados, sea Google, Yahoo o Bing. En concreto la denuncia se refería a determinados contenidos sobre empleo público en la Xunta.

El Gobierno se niega a facilitar información sobre contratos públicos en base a criterios de confidencialidad opacos y apoyados en un limbo legal. El caso más reciente es el referido a los contratos firmados por la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) con la mexicana PEMEX para la construcción de dos hoteles flotantes en los astilleros de Ferrol (Galicia). Ese compromiso de contratación ha sido utilizado con fines electorales por el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sin que nadie haya visto la documentación

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha denunciado que el 77 por ciento de los contratos de personal realizados por empresas públicas de las entidades locales de la Comunidad incumplen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El informe también pone de manifiesto que existen cinco sociedades que en 2008, a pesar de estar en proceso de disolución por inactividad o por tener un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, continuaban pagando dietas a los miembros de los consejos de administración

Rafa Nadal firmó ayer un contrato publicitario con PokerStars, la marca de juego online más importante. El tenista español pasa a ser uno de los deportistas mejor pagados del mundo.

Los adjudicatarios de los contratos públicos, así como los colegios profesionales, estarán también sometidos a la Ley de Transparencia, según ha decidido el Gobierno tras analizar las aportaciones hechas por ciudadanos, administraciones y otras organizaciones al texto del anteproyecto.

El enlace de la traducción al inglés de la web del gobierno de la Generalitat, www.govern.cat, ha jugado una mala pasada a Artur Mas, presentado por error en algunos títulos y pestañas como "The President More" o "More President", literalmente "El Presidente Más" o "Más Presidente". El de Mas no es el único nombre que sufre mutaciones por errores en la traducción: quizás el caso más hilarante sea el del conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que en el apartado de miembros del Govern aparece como "Joseph and Mary Pilgrim".

El anterior Ejecutivo no informó al equipo de Ana Pastor de tres contratos públicos por valor de casi 1.500 millones de euros firmados por el ex ministro José Blanco solo dos días antes de las elecciones y que comprometían importantes partidas económicas para el ejercicio 2012 y 2013. Esa es, al menos, la versión del Partido Popular y de su portavoz de Fomento, Andrés Ayala, que ayer señaló en el Congreso que una “ocultación” como esa debería tener “alguna consecuencia más”.

El gobierno del PP (de Mayor Oreja) expulsa a la guardia civil de las cárceles para mantener a flote las empresas de Mayor Oreja en una de las mayores operaciones encubiertas de la contratación pública de la historia de España.

Programas que no alcanzan los objetivos de audiencia pactados, películas que se financian sin criterios imparciales, capítulos de series que se graban antes de que se hayan firmado los contratos, derechos deportivos que se encarecen en más de un 50%. Estas son algunas de las anomalías que ha descubierto la Intervención General de la Administración del Estado en RTVE, según el informe provisional de 2010, año en el que la Corporación estuvo presidida por Alberto Oliart.

Se trata de un video de 3 minutos denunciando las condiciones de contratación en España. Una entrevista de trabajo a una mujer parada de 42 años.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de abril de 2011 como uno de sus objetivos el impulso de la tecnología IPv6 para el desarrollo e implantación de servicios en el ámbito público. Esta, será una condición indispensable para los proyectos que las Administraciones Públicas saquen a concurso. Además, cualquier elemento hardware adquirido o software desarrollado para nuevos proyectos deberá ser compatible con IPv6, así como el personal encargado del mantenimiento de los mismos deberán acreditar conocimientos suficientes.

El Comité de Empresa y la dirección del Grupo de Empresa Públicas de Extremadura (GPEx) retomarán mañana las negociaciones para abordar el futuro de los más de 600 trabajadores cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y a los que, en principio, no está previsto que se les renueve. Con la de mañana se inicia una serie de reuniones que se celebrarán "todos los días" para poder alcanzar un acuerdo antes de la fecha de finalización de los contratos.

Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres tenían planeado, según los documentos incautados por la Policía en Luxemburgo, desviar cinco millones de euros. Este plan fue pensado entre el 2006 y el 2007 y consistía en desviar a Belice y Luxemburgo el importe de los contratos públicos. En este caso de los que se celebraron con la Generalitat Valenciana. Para entonces, el Instituto Nóos ya había cobrado cerca de tres millones de euros por unos eventos organizados en la comunidad.

El pasado mes de noviembre finalizó el acuerdo que había entre Mozilla y Google mediante el cual los primeros obtenían una gran cantidad de dinero. Pocas semanas después de la finalización de este contrato desde Mozilla no han aclarado si han renovado el contrato con el gigante de Internet o si por el contrario prefieren emprender un nuevo camino.

En esta noticia se presenta un plan de la Cámara Oficial de Contratistas de Obra de Cataluña que pretende servir como estímulo de la economía.

Una empresa que pretenda conseguir contratos con la Administración Pública, tiene muy complicado hacer despidos objetivos por causas económicas porque sería incompatible con la solvencia que exige la Ley 30/2007 de Contratos de Sector Público.

El director de área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento, Pedro Miño, firmó el pago de 960 euros al grupo de música del que es vocalista. El secretario general del Ayuntamiento, en respuesta a una consulta realizada sobre la marcha por el grupo popular, ha advertido que podría tratarse de una ilegalidad, aunque ha precisado que no conoce el expediente al detalle.

Izquierda Unida alertó ayer sobre la vinculación que varias empresas adjudicatarias de contratos públicos para cursos de formación y actos culturales que se han organizado en la región mantienen con organizaciones de ultraderecha y pide una investigación a la Delegación del Gobierno.

Primera muestra de lo rápido que se suben las ETT´s al carro de ‘chupar’.Las grandes ‘fabricantes’ de precariedad y temporalidad en el mercado laboral español se ven beneficiadas por la reforma laboral metida a decretazo por el Gobierno, ya que se meten en sectores prohibidos hasta la fecha. Muestra es lo que ha hecho Randstad.La empresa de recursos humanos Randstad ha puesto en marcha una división de Administración Pública, que estará al cargo de Alfredo Loizaga.

Publitia, una de las empresas que están operando como distribuidoras a los medios de comunicación de la publicidad vinculada a la actividad institucional de la Xunta de Galicia, fue hasta hace tan sólo diez meses propiedad de Enrique Varela Vázquez, uno de los cargos de confianza nombrados discrecionalmente por el nuevo Gobierno gallego, en este caso para un puesto de responsabilidad en la Secretaría Xeral de Medios, que dirige Alfonso Cabaleiro.

Las acusaciones de «contaminación» política ponen en entredicho el modelo de adjudicación de contratos públicos del Principado de Asturias. Juristas y sindicatos abogan por reducir la presencia de empleados públicos de libre designación en estos procedimientos. Los expertos aseguran que el 80% de los funcionarios que deciden contratos está nombrado a dedo.

En la situación de crisis en la que vivimos, con recortes en sueldo de funcionarios, pensiones, inversión en infraestructuras, y se supone que también en gasto farmaceútico, el Servicio Andaluz de Salud adjudica el contrato 2009/361594 "Suministro de medicamentos en exclusividad", por un importe de más de seis millones de euros. Entrando en el detalle de la adjudicación, podemos ver que ésta se ha producido por ¡Procedimiento Negociado Sin Publicidad!. Esta forma de contratación pública se hace sin convocatoria previa, ni publicación en boletín

Los contribuyentes que hayan invertido en deuda pública a través del Banco de España durante 2023 deben tener en cuenta que en su borrador de la Renta no estará incluida la comisión por transferencia que aplica el organismo dentro del abono de la amortización de la inversión y sus intereses. Se deben añadir los gastos generados por la inversión de forma manual dentro de la declaración, para no perder ni un euro de la rentabilidad que ofrecieron el año pasado las Letras.

Grupo Control gana la batalla por reequilibrio económico en contratos públicos ante el aumento de los costes laborales. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente inflación, la empresa se enfrentó a un aumento considerable en sus costes laborales, lo que puso en tela de juicio la viabilidad de sus contratos existentes. Sin embargo, los tribunales y la Junta han respaldado sus reclamaciones, reconociendo la necesidad de actualizar los precios de los contratos para compensar los impactos imprevistos de los cambios en las cond

Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, acaba de firmar el contrato para la redacción de estudios previos ambientales y técnicos para obras de dragado en más de una treintena de puertos de titularidad autonómica.Junto con las 31 actuaciones previstas en este contrato, el ente público acaba de tramitar también en los últimos meses un total de ocho actuaciones más de dragado por importe de 5,5 millones de euros.

Ya son 9.000 las quejas recogidas en cuatro meses por el estado de la Atención Primaria. Una veintena de centros de salud se encuentran en estado crítico y un millón de madrileños y madrileñas no tienen médico asignado.

Las pensiones crecerán menos que los salarios entre 2040 y 2070, por lo que una mayor proporción de personas tendrán su prestación topada a la pensión máxima. Esto permitirá un ahorro, aunque no es suficiente para compensar el previsible exceso de gasto. La última reforma de las pensiones (2021-2023) conlleva un aumento del gasto público en comparación con el escenario previo, principalmente por la revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al aumento de los precios.

La candidata de Sumar no ha escuchado las palabras de la Ministra de sanidad público-privada, y tampoco sabía que se iba a ir a Sumar mientras cobraba de Podemos. Es que debe ser muy despistada, supongo

A la Xunta de Galicia se le piden todos los expedientes de sus contratos con Eulen entre 2008 y 2023. De ese grupo empresarial es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, de la que se solicitan sus declaraciones de IRPF desde 2015. En el caso de Galicia, la Comisión del Congreso también se reclaman los contratos como el servicio de rastreo de casos de la covid-19 prestado por Universal Support, empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Feijóo.

[Copio&Pego] Los preparados para lactantes y los cereales de la empresa alimentaria suiza que se venden en el Sur ignoran las directrices de la OMS contra la obesidad en Europa, según Public Eye. [...]

Antonio Taguba, general jubilado del Ejército de EE.UU. que investigó los abusos contra prisioneros cometidos hace 20 años en Abu Ghraib, testificó ayer que un contratista civil, Steven Stefanowicz, dio instrucciones a guardias para “ablandar” a detenidos para ser interrogados, y que incluso trató de intimidarlo mientras investigaba los abusos en Abu Ghraib. Es la prueba más sólida hasta ahora de que empleados civiles del contratista militar CACI participaron en el maltrato. 3 expresos pusieron una demanda contra CACI en un tribunal federal.

Hace años que las universidades de Madrid (Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica y Rey Juan Carlos) viven con el agua al cuello ―se asientan en la región que peor financia de España por alumno―, pero ha habido que esperar a este miércoles para que, por fin, hablasen públicamente de su situación. El tema ha surgido en una mesa redonda sobre el valor y el impacto social de los campus públicos organizada por la Universidad de Alcalá. “Tenemos en las universidades en general un 15% menos de la financiación que teníamos en 2010