El PSOE de Castilla y León da una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para dar de baja en el padrón a uno de los últimos vecinos inscritos, el senador por Castilla y León, Javier Maroto. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha adelantado a eldiario.es que si el Consistorio no inicia de oficio el expediente de inscripción indebida, el PSOE lo denunciará en vía administrativa.

El delito fue cometido, supuestamente, contra la empresa de "Ambulancias Alerta" a la que, según los denunciantes, presionaron -en 2016- para que abandonara un contrato millonario en el que partían como favoritos. La magistrada ha dado por buenas las grabaciones realizadas por los denunciantes y ha solicitado la "hoja histórico penal" de los querellados y sus medios económicos. Ambulancias Alerta contrató, para su demanda, al despacho de Manuel Lamela quien, cuando era consejero de Sanidad, les adjudicó contratos por valor de millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) de gestionar con un modelo «caduco neoliberal«, que trata los servicios públicos como «mercancías» en vez de «derechos«. Durante una conferencia en Madrid, Sánchez ha reivindicado las políticas del Ejecutivo estatal progresista y ha lanzado diversas críticas a las comunidades gobernadas por el PP, afirmando que los ‘barones’ de este partido se centran en los recortes y privatizaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias por prevaricación contra Ana Millán, actual vicesecretaria de Organización y Electoral del PP madrileño y número tres de Isabel Díaz Ayuso dentro del partido. Se trata de un caso relacionado con varios contratos presuntamente irregulares adjudicados durante su etapa en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

Fue a mitad del interrogatorio del lunes 29 de julio. En un momento dado, el juez Juan Carlos Peinado hizo una pausa en la declaración como investigado del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para hacerle una seria advertencia: a los cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios podría sumar en breve el de prevaricación.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

Los mismos magistrados que deben decidir si admiten o no la querella de Sánchez contra el juez por prevaricación ya rechazaron hace meses una acusación por este delito contra el juez Peinado por parte de un exalto cargo de Venezuela en la causa que investiga la gestión de la petrolera PDVSA. Alvarado denunció que el juez Peinado, el primero que llevó la causa antes de se hiciese cargo la Audiencia Nacional, dejó sus recursos en el cajón durante días mientras estaba en prisión provisional (prevaricación por retardo malicioso).

Vox ha anunciado que interpondrá una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro Félix Bolaños y contra el abogado general del Estado después de las acciones penales que Pedro Sánchez puso en marcha contra el juez Juan Carlos Peinado por un delito de prevaricación. En un comunicado, el partido de extrema derecha anuncia la querella aunque no explica el delito que atribuye a Sánchez, dando a entender que acusan al presidente del Gobierno de usar la Abogacía del Estado en beneficio propio.

La querella por prevaricación presentada por Sánchez demuestra ignorancia absoluta de cómo funciona la Justicia española y de cómo es prácticamente imposible que un juez actúe en contra de otro. Ya se adelanta aquí que la querella se va a inadmitir, no por una cuestión ideológica ni de una supuesta conspiración contra Sánchez, sino porque en el gremio de los jueces españoles «perro no come perro». Además, como ha sucedido en incontables ocasiones (y miles de abogados dan fe de ello) poner una querella por prevaricación puede tener represalias.

“Orientar todo un proceso hacia finalidades impropias del mismo puede dar lugar a una conducta prevaricadora que incluso se puede manifestar mediante una simple citación judicial para prestar declaración de forma totalmente injustificable”, sostiene la Abogacía del Estado. El juez Juan Carlos Peinado actuó de forma similar a la del corrupto Salvador Alba Mesa, actualmente en prisión, con decisiones como la de citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Texto completo de la querella por prevaricación presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Juan Carlos Peinado, el juez que le ha tomado declaración como testigo este lunes y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, el juez que le ha tomado declaración como testigo este lunes y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación al exconcejal del PP de Calp Bernardo Moll y al técnico del ayuntamiento de esa población Antonio Cabrera por exhumar de forma ilegal a un difunto de un nicho del cementerio municipal para enterrar en él a la abuela del segundo de ellos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

La pareja quedó envuelta en una causa penal en Nueva York a raíz de la investigación de la Agencia Federal de Inteligencia estadounidense (FBI) por presunto robo de libros con derecho de autor, luego subidos en Z-Library, la autodenominada “biblioteca de libros electrónicos más grande del mundo”. Los rusos cayeron en Santa Cruz en octubre pasado, cuando vacacionaban tras haber ingresado al país a través del aeropuerto de Córdoba. (+info es.wikipedia.org/wiki/Z-Library)

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

Ante los audios publicados por Diario.Red, es inevitable preguntarse si el juez Joaquín Aguirre ha cometido el delito de prevaricación judicial o si la cosa se va a quedar solamente en lawfare . Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/exclusiva-audios-juez-joaquin-aguirre-ley

La medida, solicitada por la Guardia Civil, trata de "evitar filtraciones indebidas" en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, dado que la causa "afecta a una administración pública [el Ayuntamiento] y a personas que regentan cargos públicos", el anterior alcalde y actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el actual regidor, Juan Manuel López; y el dirigente del PP andaluz Francisco Rodríguez Roa

Son muy pocos los jueces y juezas apartados de la carrera judicial por condenas merecidas por infringir el Código Penal y, en especial, por prevaricar en el ejercicio de sus funciones. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la condición de juez o magistrado se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso". Según datos del CGPJ, en los últimos años ha sido media docena de jueces apartados.

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario...