Ni en la UE, ni en la Fiscalía, ni en el Ministerio de trabajo, ni por supuesto, en la Consellería. Todos pasaron por alto las denuncias que el alcalde de Oleiros (A Coruña), Ángel García Seoane, había hecho en 2010 sobre las irregularidades en la concesión de subvenciones públicas para cursos destinados a desempleados que acababan en cantidades millonarias en "empresas amigas del PP" y, concretamente, en las del principal imputado en la operación Zeta, Gerardo Crespo.
