Las autoridades de la España liberal consideraron la prostitución femenina durante el siglo XIX y parte del XX como un mal social pero inevitable. El Estado aceptó el fenómeno, desde una óptica pragmática, pero procurando controlarlo dentro de unos límites. Sus preocupaciones iban por enmarcar su ejercicio en un espacio determinado, aislado, evitando el peligro del supuesto escándalo, verdadera obsesión de la burguesía decimonónica, y para controlar los aspectos sanitarios del mismo.
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