Documentos obtenidos por The Guardian revelan el alcance total del bombardeo de gastos en el que se han embarcado para reactivar las ejecuciones retrasadas por la pandemia de COVID. En el caso de Arizona, la suma gastada ha sido de $1,500,000 de dinero de sus contribuyentes para fármacos usados en inyección letal que debían enviarse en "frascos y cajas sin marcar".
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