El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, ha comparado hoy el efecto de conseguir recuperar el proyecto del soterramiento con el de que darían unas olimpiadas. Pascual defiende que conseguir soterrar las vías a su paso por la capital cambiaría la fisionomía de la ciudad, y por eso no entiende el "enfrentamiento" entre las administraciones públicas, que llega a calificar de cabezonería improductiva. "Valladolid necesita el soterramiento, lo necesita", recalcó para desestimar cualquier otra solución.

La Junta de Chamberí acaba de emitir una resolución por la que concede a Alberto González Amador dos meses para la legalización de las obras de reforma integral que efectuó sin permiso municipal en la casa del distrito que comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Madrid indica que puede solicitar una licencia que ampare las obras de acondicionamiento parcial y obras exteriores en su vivienda. Sobre estos trabajos pesaba orden de cese.

También se deja constancia de que la persona que se encuentra en la vivienda en el momento de la inspección prefiere no identificarse y que no dispone de ningún “título administrativo que habilite las actuaciones realizadas”. En ese momento ya se le advierte de que la realización de obras sin ningún tipo de permiso podría suponer una infracción urbanística y en su caso un ilícito penal. Al finalizar la visita esa persona, que rehúye identificarse, insiste en que hay registrada una declaración responsable

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar al paciente con 54.000 euros y advierte de que "para salir de la duda una prueba básica como la radiografía" era "elemental" en la primera asistencia

Alberto González Amador multiplicó por diez el coste declarado de la obra después de que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid rechazase su primera declaración responsable. La reforma llevó a cabo importantes demoliciones en el inmueble pese a los informes contrarios de los técnicos.

Nuevos datos sobre las obras en el piso de Alberto González revelan la inacción del Ayuntamiento que ni siquiera notificó algunos de los requerimientos de los técnicos de urbanismo y que aún no ha enviado inspectores a la vivienda.El punto de partida es el registro de una solicitud de declaración responsable que Alberto González presenta el 4 de agosto de 2022 para unas obras de “acondicionamiento puntual de vivienda”. Los trabajos consisten en la demolición de tabiques, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, alicatados y sani

Esta misma semana se conocía que un bebé murió en el CHUS de Santiago al contagiarse de una bacteria tras ponerle una vía que no era imprescindible, según dictó una sentencia. Hoy conocemos que el propio SERGAS ha reconocido que una doctora actuó mal cuando despachó a una embarazada con dolores con paracetamol y pimperán. Acabó perdiendo a su hija que podría haberse salvado de ser remitida al hospital.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2023 que limitan a 15 años el plazo de actuaciones contra obras ilegales en la costa. De este modo, estima el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno central contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega (Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas). La magistrada Laura Díez Bueso ha sido la ponente.

El Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, tiene que afrontar acciones de amparo por no haber abonado reparaciones que reclaman víctimas de la dictadura. La respuesta del gobierno de Javier Milei frente a la “mora” fue decir que estaba haciendo una auditoría porque había descubierto una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas. La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a felicitar al Presidente y a su ministro porque hay que “auditar el...

Justo antes de este primer cese de actividad, las obras causaron una inundación de aguas fecales en un restaurante del bajo del edificio. Con la nueva orden, del 13 de diciembre de 2022, y que también fue desvelado en exclusiva por este medio, González Amador continuó con las obras sin un nuevo permiso. [...] De hecho, esa Navidad, el restaurante sufrió una nueva inundación, ahora de agua corriente, que incluso cayó a varios comensales durante la cena y que afectaron a los salones de varios vecinos que sufrieron los efectos del agua.

La reforma del piso comprado por la pareja de la presidenta madrileña tras el presunto fraude fiscal de 350.000 euros siguió después de dos órdenes municipales de “cese inmediato”. Siete testigos acreditan la continuidad de los trabajos, que inundaron las plantas inferiores y llevaron a la bancarrota a un restaurante.

El edil Javier Ramírez y la coordinadora de Chamberí en el Ayuntamiento fueron recolocados en otros destinos tras negar el permiso urbanístico a la pareja y desde entonces no hay constancia de que las obras en la casa donde vive la presidenta se hayan inspeccionado

La Audiencia Nacional daba la razón a quienes habían denunciado la existencia de un cártel de la leche que fijaba precios a la baja, se repartía rutas y mercados. Además, la mayoría podrán cobrar indemnizaciones “por lo usurpado”. Por el camino han quedado miles de explotaciones que no han podido hacer frente a la subida constante de insumos con precios que no compensaban el esfuerzo.

En un duro informe, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid señalan que en la declaración responsable facilitada por Alberto González hay "inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de los documentos que la acompañan, o su no presentación" y que son necesarios para tener el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid. De esta forma, ordenaban "la paralización y/o el cese inmediato de la actuación con la imposibilidad de iniciar o continuar las obras desde el momento de adopción de la resolución" y "la obligación de restituir la situación