Los propietarios y gestores de pisos turísticos se rebelan contra el decreto ley de la Generalitat que faculta a los ayuntamientos a reducir o eliminar la oferta de pisos turísticos legales y a exigirles una licencia urbanística en los próximos cinco años. Su artillería, en plena campaña electoral en Catalunya, son las cifras y la amenaza de una batalla judicial para exigir indemnizaciones si les impiden mantener su actividad.
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