Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de la Comunidad madrileña, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para construir dos de los edificios judiciales más emblemáticos por importe de 179,6 millones de euros. El proyecto no salió adelante, si bien el arquitecto cobró 13,7 millones de euros.

Más del 80% de víctimas de violación en las campus americanos no denuncian a su agresor, según el Departamento de Justicia de EEUU. Ni la policía ni las universidades conocen cuál es la situación real de la violencia sexual en sus campus. Muchas de ellas no denuncian porque lo ven un asunto personal, por miedo a represalias, no lo consideran tan importante, no quieren que el agresor se meta en líos o creen que la policía no hará nada. "Cuando las universidades presumen de tener tasas muy bajas de violencia sexual, no es creíble".

El ex alto cargo de la Comunidad de Madrid ha tenido que explicar varias de sus decisiones al frente del Campus de la Justicia; entre ellas, el contrato de Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal y actual imputado en el 'caso Villarejo'

Fuentes consultadas han asegurado a este diario que Andrés Gómez Gordo interpuso una denuncia laboral tras su salida del proyecto y consiguió una "cuantiosa indemnización". El agente está actualmente imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza Kitchen del caso Tándem, también conocido como caso Villarejo.

El exconsejero de Aguirre ha intentado la nulidad de las actuaciones alegando que le persiguen por ser del PP. Algo que ha desestimado el juez. El ex-consejero de Aguirre ha recibido una bofetada judicial porque el magistrado Jose de la Mata le ha recordado que su investigación solo se sustenta en elementos objetivos, principalmente la evaporación de casi 100 millones de euros en ese proyecto que nunca ha visto la luz. El titular del juzgado central de instrucción califica las acusaciones de Prada como gravísimas y desmesuradas..

“La doctrina jurista más vanguardista ha introducido el concepto 'lawfare' y en el presente caso se dan todos los presupuestos de esta teoría jurídica, ‘la guerra jurídica’ como el uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político..la “embestida legal” en su contra es “una clara puesta en marcha de una táctica de ‘guerra no convencional’, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político, en el que se combinan acciones aparen

El exconsejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, ha justificado ante el juez como gastos en atención a su cargo los 24.000 euros que se abonaron entre 2005 y 2008 con la visa platinum a su nombre, pagada por el proyecto del Campus de la Justicia (CJM). Prada ha declarado este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional por delito societario y malversación dentro de una causa abierta por supuestas irregularidades en el proyecto del CJM, por el que se llegaron a pagar 91,7 millones

Es Prada,según el Ministerio Público,el que presuntamente negociaba acuerdos con empresas privadas que después eran aprobados por el consejo de administración del Campus Justicia de Madrid. Es más,Prada era el presidente de ese consejo por lo que siempre cerraba el círculo de la contratación. Cuando los documentos se analizaban en el seno de ese consejo,ya se conocía a la empresa que le había correspondido el trabajo; también detecta que el exconsejero de Justicia era presuntamente la persona autorizada para operar con varias cuentas corrientes

La Cámara de Cuentas y el juez a cargo de la investigación subrayan la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad y la falta de rendición de cuentas. Unas 430 cajas con documentación dispersa y el desorden consiguiente. Sin estructura, ni correlación, ni justificantes, ni formularios, ni facturas. "El archivo físico en donde se contenía la documentación económico-financiera concerniente a la citada sociedad solo puede calificarse de verdadero caos".

Exposiciones con valor cercano al millón de euros como la muestra "La Justicia en las Artes" patrocinada por el campus de la Justicia y diseñada por personas del entorno de Aznar. Otro ejemplo es la edición del libro "Campus de la Justicia.10 años" con una tirada de 1.500 ejemplares. Abono de los trabajos realizados por una empresa privada para crear el logo de esas instalaciones judiciales, nunca más se supo de esos diseños. El portavoz PP en la Asamblea de Madrid reconoce que hubo despilfarro.

El PP presentará un voto particular para expresar su rechazo al dictamen de la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, donde la oposición concluye que en casos como el Canal de Isabel II o el Campus de la Justicia "no se ha hecho una gestión en defensa del interés público"; ha habido "una ausencia de planificación y de mecanismos de evaluación" y que "la contratación no ha sido transparente".Además, apunta a que "hay sospechas razonadas sobre la mala gestión de estos asuntos por parte de los responsables de la Comunidad Madrid

La Comunidad de Madrid,de momento,no dará ese paso. No reclamarán el daño económico porque "el caso está en fase de instrucción" en la AN,explican desde la Consejería de Justicia. "Cuando acabe la fase de investigación,la Comunidad presentará el correspondiente escrito de calificación en el que,si procede,se solicitará la responsabilidad civil que corresponda". La consejera de Justicia se desvincula de la contundencia de la que hablan los letrados de la Comunidad que abiertamente dicen que "ha quedado acreditado que ha habido actividades ilegal

Los letrados de la Comunidad de Madrid piden a los responsables de ese proyecto, investigado por la Audiencia Nacional, que "restituyan y reparen el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados". En ese documento, los letrados argumentan que “la Comunidad de Madrid debe reclamar por el menoscabo ocasionado, por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas”; “ha quedado acreditado de modo objetivo que la gestión del Campus de la Justicia ha sido realizada

El líder del PP era entonces asesor de Prada, quien firmaba con Esperanza Aguirre los contratos millonarios del secarral. Este contrato, firmado por Alfredo Prada y por Aguirre, le adjudicaba al estudio de Norman Foster la construcción de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial en el Campus de la Justicia. Apelando al “artículo 210 b de la Ley de Administraciones Públicas” se otorgaba directamente a Foster dichos proyectos con la excusa de “la singularidad artística y arquitectónica..

Cuando apenas era una idea en el aire,el Campus de la Justicia ya empezó a vaciar los bolsillos de los madrileños y en sus primeros pasos el Gobierno gastó 393.500 euros solo en propaganda.Para encontrar las facturas de aquellos primeros días,hay que acudir al sumario del caso Púnica cuando el juez se interesó en saber qué tajada había sacado la trama de este pozo sin fondo..los gastos que aquí se detallan,son previos a la colocación de la primera piedra,un acto que costó 1,4 m. de euros que pagó Begar,la empresa de José Luis Ulibarri.

AN solicita a la Comisión de Estudio de la Deuda - a PSOE,Podemos y Cs- la página 1 del contrato con la empresa Bovis Lend Lease, que aportaron en su denuncia ante la Fiscalía en el mes de marzo.Bovis Lend Lease asumió los servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para los servicios profesionales de “Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación del Campus de la Justicia de Madrid”.La adjudicación de este contrato se cerró por 943.050,00 euros. Pero,finalmente, Bovis Lend Lease "cobró cerca de..

Ha dado traslado de la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie una investigación.Toma esta decisión después de haber recibido el informe de la Cámara de Cuentas que recoge todas las irregularidades del macroproyecto. Una década después de que la sociedad entrase en quiebra comienza la investigación del despilfarro de 100 millones de euros de dinero público..

“¿Por qué ahora?”. Esa es la pregunta que recorre la mente de la oposición después de ver que Cifuentes ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía. Y una explicación coge fuerza: “Está mandando señales al PP”. De hecho, esta teoría coge fuerza al ver que hace apenas un mes PSOE, Podemos y Ciudadanos se unieron para acudir a Anticorrupción para denunciar lo que ahora está señalando el Gobierno madrileño. En este sentido, Gutiérrez recuerda que el Ejecutivo de Cifuentes perdió el libro mayor de las cuentas y encargó la liquidación de la empresa..

El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid revela el descontrol, los enchufes y los gastos millonarios de un proyecto estrella de Esperanza Aguirre. Las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre son desoladoras: documentación mal clasificada e insuficiente, 131 cajas de archivos desaparecidas, diez palets de documentación destruidos y absoluta opacidad acerca de dónde se fue el dinero y para qué era.

La Cámara de Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa pública creada por Aguirre. No han aparecido contratos ni había sistema de selección en función de mérito y capacidad

Las redes se llenan de todo tipo de consejos para evitar esta estafa

La Audiencia Provincial de Palma ha obligado a un hombre a compartir su vivienda con su exsuegra, una mujer anciana con discapacidad que necesita atención constante. El tribunal rechaza reconocer el derecho del hombre a usar la totalidad de la casa en la que se ha quedado residiendo la madre de su ex pareja a pesar de que ésta y el hijo menor común del matrimonio se hayan trasladado a vivir a otro inmueble. El acuerdo de divorcio incluía una cláusula que prohibía que nuevas parejas convivieran en dicha vivienda.

l polémico aristócrata lleva bajo arresto preventivo en la isla desde abril, pues sobre él pesa una orden europea de búsqueda después de su fuga al ser condenado a tres años y cuatro meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo de capital y soborno.

La familia recurre al TSXG para intentar salvar los ahorros de toda su vida

Hoy, el Pequeño Nicolás ha sido condenado a pagar 360 euros por herir con un cuchillo a un cocinero en un restaurante. Mientras, los chavales de Altsasu fueron condenados por una pelea de bar con penas de hasta 10 años de prisión. La "justicia" es igual para todos en España.

Momento de máxima tensión cuando un hombre estaba agrediendo a su pareja en plena calle junto al cuartel de instituto armado de la localidad de Colmenar Viejo

El único acusado aceptó los hechos y llegó a un acuerdo. No tendrá que ir a prisión si no vuelve a delinquir en dos años

Un juzgado de Sevilla ha ordenado localizar del periodista Vito Quiles, colaborador y miembro de la candidatura de Alvise Pérez, a quien se investiga por un delito de injurias y calumnias y que no ha respondido a los requerimientos que la Justicia le ha hecho llegar para que dé explicaciones. Lo ha hecho a través de un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la titular del juzgado de Instrucción 18, María José Moreno, explica que Quiles "intenta sustraerse de la acción de la justicia", por lo que procede averiguar su paradero.

Los acusados han reconocido los hechos, han escrito una carta de disculpas dirigida al jugador y al equipo y han aceptado la prohibición de acceder a estadios en competiciones profesionales de fútbol durante dos años. En la misiva, los tres jóvenes muestran su arrepentimiento por los hechos acaecidos el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla durante el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid.