Los letrados de la Comunidad de Madrid piden a los responsables de ese proyecto, investigado por la Audiencia Nacional, que "restituyan y reparen el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados". En ese documento, los letrados argumentan que “la Comunidad de Madrid debe reclamar por el menoscabo ocasionado, por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas”; “ha quedado acreditado de modo objetivo que la gestión del Campus de la Justicia ha sido realizada
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