1) 8,3% hogares 2) 17% hogares más pobres. 3) 4% de los hogares en el 2% más ricos. 4) Cuanto más rica es la familia numerosa, mayor porcentaje de estas tienen algún bono energético. Las pobres, el 30%. Las ricas, el 55% ¿Soluciones? * Reducir barreras administrativas para que llegue a quienes lo necesiten realmente. * Ajustar por renta (ojo, definir bien el límite)

En 2021, el precio de la luz duplicó el que existía antes de la pandemia y el del gas se multiplicó por tres. En 2022 y tras el estallido de la guerra en Ucrania, esas cifras se quedaron pequeñas: los precios subieron un 8,4% en el conjunto del año, la cifra más alta de los últimos 35 años. Es evidente por qué el Gobierno relajó en abril los requisitos de su bono social eléctrico, el descuento más importante que ofrece en la factura de la luz, y del bono social térmico, que se dirige a la calefacción y agua caliente, y los amplió en septiembre.

El incremento del precio de la energía en los últimos dos años supone cada mes un duro golpe para millones de personas en España, pese a que existen diferentes mecanismos para ayudar a las familias con menos recursos a pagar la factura de la luz y el gas. A finales de 2021 había en el país dos millones de hogares que sufrían vulnerabilidad energética, pero sólo recibieron apoyo para pagar los recibos 1,1 millones (el 55%), lo que evidencia fallos en el sistema de cobertura social, según defiende el Defensor del Pueblo en su informe anual

Mónica García, la líder de Más Madrid, dice que no sabía que cobraba el bono social, y pide disculpas por cobrarlo y dice que intentará devolver el dinero. Un compañero de filas de Ossorio, Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, además de cobrar la misma ayuda, lo hace en la categoría de "vulnerable severo". Ruidoso es el silencio de Rocío Monasterio, líder de Vox, que sigue sin aclarar si su familia es receptora de un bono al que tiene derecho por ser de categoría numerosa.

Según el informe de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 elaborado por Economía, 3,5 millones de españoles arrastran retrasos en el pago de sus facturas, 3,7 millones no pueden mantener una temperatura adecuada en su vivienda en invierno y 8,1 millones tienen que dedicar una parte de sus ingresos al pago de la electricidad que es más del doble al de la mediana nacional. Sin embargo, actualmente, tan solo 1,3 millones de ciudadanos se benefician de este bono, lo que da fe del escaso alcance de la medida.

Una pareja sin hijos que vive en Madrid con un sueldo de 990 euros al mes no tiene derecho a recibir nada, mientras que a un magnate canario con tres hijos se le subvenciona el 60% de la factura. Da igual que el coste de la vida sea muy superior en un lugar que en otro: los límites de renta y de consumo son iguales para todo el Estado. La inequidad de esta medida es solo un ejemplo más de un problema estructural de España, subrayado por organismos internacionales como el FMI: las políticas sociales benefician a rentas medias y altas.

El Gobierno del Principado ha autorizado este miércoles un gasto de 6.106.294 euros -casi el triple que en 2020, cuando la partida se situó en 2,6 millones- para conceder ayudas a más de 27.000 familias beneficiarias del bono social térmico este año.Esta medida compensa los costes que deben afrontar los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el suministro de agua caliente o de cocina.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que incluye un paquete de ayudas por valor de 100 millones de euros para intentar paliar el aumento del precio de la energía y entre los que se cuenta con un bono de 90 euros que amplía el bono social térmico, para que las familias con más dificultades puedan calentar sus casas durante el invierno.

El Bono Social, que es la solución aplicada por los sucesivos gobiernos de España al problema de la pobreza energética “dista mucho de ser la solución, ya que se ha comprobado su completa ineficacia”. Discurso inequívoco de la Fundación Renovables, que denuncia que el Bono Social (1) no se ha aplicado “exclusivamente” a los colectivos más vulnerables (sino que ha beneficiado a algunos que no lo son); (2) es “insuficiente”; y (3) supone “una pérdida de dignidad”.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha celebrado recientemente dos talleres multisectoriales para analizar y evaluar la puesta en marcha del nuevo bono social eléctrico, convocando para ello a expertos procedentes de sectores muy diferentes; compañías energéticas, administración autonómica y local, consumidores, sindicatos, ONG sociales y ambientales, defensoría del pueblo, universidades o diferentes partidos políticos, entre otros.

El BOE publicó el viernes la resolución del Ministerio de Energía que pone en marcha la aplicación informática que permite a las comercializadoras eléctricas comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. Te contamos de la mano de ASGECO los pasos que tienes que seguir para solicitarlo. El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales.

El Gobierno considera "más que suficiente" para combatir esa situación el nuevo bono social eléctrico, aunque prevé que ni siquiera la mitad de sus beneficiarios potenciales acceda a las ayudas.

Se ha aprobado por fin la creación del Bono Social Gaditano, el primer bono social alternativo al del Gobierno. ¿De donde sale? La iniciativa partió de las organizaciones sociales de la ciudad (Apdh, 15M,…), que mucho antes de las municipales de 2015 presentaron miles de firmas al Ayuntamiento pidiendo su creación y todos los partidos, salvo el PP, lo asumieron como compromiso de campaña en dichas elecciones.

Un total de once ciudades de todo el país se han aliado contra el proyecto del Gobierno para regular el bono social para el pago de la factura energética. Los ayuntamientos de estas ciudades han presentado esta semana alegaciones al Real Decreto ley 7/2016 del Ejecutivo que regula el bono social, el consumidor vulnerable de energía eléctrica y las condiciones de corte del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10kw.

El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ha rechazado este lunes, por cinco votos en contra y cuatro a favor, la implantación del bono social eléctrico diseñado por el Ayuntamiento de José María González Kichi. La corporación municipal había logrado un consenso unánime de todas las fuerzas para sacar adelante una tarifa bonificada pero en el último momento, el PP, que cuenta con dos miembros en el consejo de administración (de nueve), se ha descolgado votando junto a los otros tres miembros de Endesa en contra de la propuesta.

Se trata de una ayuda en la factura de la luz de la empresa municipal Eléctrica de Cádiz para las familias con menos recursos.Consistirá en la bonificación de una cantidad de electricidad y de potencia.Los representantes políticos del Ayuntamiento de Cádiz votan este lunes sin el apoyo del Partido Popular, que aseguran que recaerá en el resto de consumidores..

La organización social sostiene que la normativa contra la pobreza energética que se aprobará presumible esta tarde “presenta graves deficiencias”...

Las organizaciones sociales presentan una propuesta para desarrollar el bono social eléctrico que, con las limitaciones legales actuales, proteja a los hogares en situación de vulnerabilidad. Consideran así mismo que es necesario superar el marco legal vigente para que la protección sea efectiva tanto en el ámbito eléctrico como en consumos de gas y otros combustibles y proponen la elaboración de una Ley contra la Pobreza Energética.

El desarrollo normativo del Decreto Ley aprobado este viernes será fundamental para conocer cuántos consumidores podrán beneficiarse de este sistema, cuyo anterior planteamiento daba cabida a ciudadanos que no lo necesitaban. El otro caballo de batalla será el de la financiación.

- En primer lugar, no hay duda de que la pobreza energética es un hecho y es necesario combatir este gravísimo problema. En segundo lugar, debe quedar claro que es un problema social y que por tanto es el Estado quien debe encararlo a través de los Presupuestos Generales, tal y como hace con otros problemas de índole similar. Tercero: claramente, se deben repensar las condiciones en las que los ciudadanos puedan acceder al bono social: la renta disponible debe ser decisiva y no la cantidad de hijos o la potencia contratada

El hecho de que el Tribunal Supremo haya anulado el conocido como bono social, la tarifa eléctrica que suponía un descuento del 25% en la factura de la luz a familias con bajos ingresos, preocupa mucho a los representantes de EQUO, que han puesto en marcha el ‘acelerador’ para que el Gobierno dé los pasos destinados para solucionar esta situación antes de que llegue el invierno. Según EQUO, la sentencia del Alto Tribunal sobre el bono social, “pone en riesgo de pobreza energética a más de 2,4 millones de personas en España”.

Los grupos, salvo el PP, apoyan una iniciativa de Podemos para instar a Rajoy a generalizar el bono energético; a la Fecam se pide cambiar el régimen tarifario que generalicen en sus ordenanzas las bonificaciones de las tarifas del agua para hogares pobres, familias numerosas, desempleados de larga duración y otros colectivos.

El Gobierno de Alberto Fabra anuncia un bono anual de 100 euros para familias valencianas que no puedan pagar la factura de la luz. La ayuda de la Generalitat beneficiará a 10.000 familias que sufran pobreza energética, pero llega justo cuando los meses más fríos de invierno ya han pasado y a poco más de un mes de las elecciones municipales.

En el marco de la edición número 36 de la jornada, por parte de relevantes actores públicos y privados han sido presentados los datos actualizados de la estructura energética en España.

El cobre es el mineral más fundamental para el futuro humano porque es esencial para la generación, distribución y almacenamiento de electricidad. La disponibilidad y la demanda de cobre determinan el ritmo de electrificación, que es la base de la política climática actual. Muchos estudios han planteado preocupaciones de que el suministro de cobre no pueda satisfacer las demandas de cobre tanto de la transición energética verde como del desarrollo global equitativo, pero persiste la presunción aparentemente universal de que el cobre necesario p

El consumo de estas últimas entre los jóvenes ha aumentado casi un 10 % en los últimos diez años y el 50 % de ellos afirma consumirlas con regularidad, según apuntan desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas (Cgcodn). Con todo, los profesionales alertan de que la ingesta de las mismas, sobre todo aquellas con alto contenido en cafeína y sustancias estimulantes, puede ocasionar efectos negativos sobre la salud a corto y medio plazo, especialmente entre los niños y jóvenes.

Un motivo ya lo he esbozado, la burocracia. Pero también hay que señalar la falta de financiación. Es necesario un esfuerzo conjunto por parte de las diferentes administraciones públicas y el sector privado, ya que, sin una suficiente red de cargadores, no será posible aumentar el número de coches eléctricos.

El Estado español vuelve al accionariado de Telefónica, donde, en breve, alcanzará su objetivo de poseer el 10% de la compañía a través de la SEPI. Un movimiento estratégico frente a la entrada en la operadora de Saudi Telecom Company. Con este mismo razonamiento, ¿debería o no el Estado participar de las energéticas españolas que cotizan en el Ibex y en las que están especialmente interesadas los países del Golfo Pérsico?

Los precios cero y negativos registrados el pasado mes de abril en el mercado mayorista de la electricidad por la elevada producción renovable ya tienen una consecuencia clara. Según el análisis de la situación que ha llevado a cabo el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omie), el sector registró el menor volumen económico desde el año 2001 en abril. En total, las ventas de energía supusieron en España y Portugal unos ingresos de 327 millones, lo que supone un 77,3% menos que el año anterior (1.440 millones).

El prototipo transformará el agua de mar y el aire en combustible y servirá para probar el futuro diseño de alta mar En pocas semanas se empezará a construir en Degima una barcaza que llevará en su interior una planta de purificación y electrolisis de agua de mar, para obtener hidrógeno y oxígeno; un separador para conseguir nitrógeno del aire y un reactor que producirá amoniaco con estas materias primas. Una vez fondeada en la Bahía de Santander, se convertirá en un laboratorio de pruebas para uno de los proyectos más ambiciosos...