El Estado español vuelve al accionariado de Telefónica, donde, en breve, alcanzará su objetivo de poseer el 10% de la compañía a través de la SEPI. Un movimiento estratégico frente a la entrada en la operadora de Saudi Telecom Company. Con este mismo razonamiento, ¿debería o no el Estado participar de las energéticas españolas que cotizan en el Ibex y en las que están especialmente interesadas los países del Golfo Pérsico?
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