El Tribunal de Cuentas del Estado adjudicó contratos a un empresario que realizó obras de reforma en los domicilios particulares del vicepresidente de la institución y consejero de fiscalización, propuesto por el PP, Javier Medina, y de su hermano, Enrique Medina, que fue gerente del tribunal hasta finales de 2012. La institución "troceó" las adjudicaciones para no superar el máximo legal y evitar los concursos públicos.