Especializar a los abogados del turno de oficio en violencia de género y que quienes defienden a las víctimas de esta lacra no puedan hacerlo con los maltratadores es una de las medidas estrella de Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalidad Valenciana para frenar su crecimiento frente a otras medidas de prevención y protección de las víctimas. Según ha podido saber Confilegal, esta medida se está negociando con los colegios de abogados valencianos, como ya anticipamos con anterioridad.

El Gobierno catalán ha aprobado este martes un acuerdo para "garantizar el derecho de defensa" de los miembros del Govern, de los altos cargos y de los trabajadores de la administración catalana por el referéndum soberanista. Para ello pagará a "abogados externos", según ha explicado el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull. El portavoz ha explicado que los trabajadores tendrán esta asistencia jurídica a cargo de la Generalitat en los casos en los que hayan actuado en defensa del interés general de la administración catalana.

Más de 4 millones de euros anuales del presupuesto de la Generalitat durante los últimos cinco años se han destinado a la contratación de servicios jurídicos externos.

El PSPV asegura que un informe jurídico oficial desaconsejaba la compra de Valmor, la empresa en quiebra que el gobierno valenciano compró por 34 millones de euros

La jueza de lo Penal número 14 de Madrid, Belén Pérez, ha absuelto de todos los delitos al ultraderechista Miguel Frontera, que acosó durante meses a Irene Montero y Pablo Iglesias en su domicilio con el apoyo mediático de los pseudomedios OkDiario de Eduardo Inda o Estado de Alarma de Javier Negre. La Fiscalía pedía para este acosador ultra hasta tres años de prisión. Finalmente, Frontera se va de rositas con total impunidad.

Ex presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, magistrado en varios procesos al GRAPO, ETA y la izquierda abertzale, del “Caso Pandora”, y sobre todo mediático juez del 11M, nada es ajeno en el mundo del derecho a Javier Gómez[...] En 2018 solicitó una excedencia y colgó la toga de juez para convertirse en abogado del prestigioso despacho Ramón y Cajal. Es en esta nueva vida cuando la familia de la pastelería La Suiza contrata los servicios de Gómez Bermúdez para su exitosa batalla judicial contra los sindicalistas de CNT

Pedir más cosas en la demanda normalmente supondría pedir más dinero en total, con lo que aumentaría la diferencia entre lo que el trabajador pediría y la posible oferta de la empresay disminuirían las posibilidades de que el trabajador la aceptara. Por eso los "laboralistos" piden menos para reducir las diferencias y aumentar las posibilidades de que el trabajador se "trague" cualquier oferta que haga la empresa. Especialmente, no quieren pedir nada de lo que tengan la sospecha que la empresa jamás aceptaría.

Carlos Bardavío (Alcañiz, 1981), abogado y doctor, dio un giro en su carrera cuando estaba realizando su doctorado en Sevilla. Aconsejado por su director, decidió enfocar su trabajo final en el derecho penal y las sectas. "La jugada me salió bien", reconoce a 20minutos después de haber conseguido que se condene por primera vez en España al líder de un grupo coercitivo por manipular a sus fieles.

Una mujer pide un abogado de oficio sin tener derecho a él para alargar un proceso judicial, y sale condenada. No tenía derecho a justicia gratuita y logró dilatar el proceso judicial 11 meses. La letrada añade que están conformes con la indemnización. “La demanda nunca tuvo como finalidad el lucro económico, pretendía poner fin a las prácticas de quienes sin ningún tipo de escrúpulo, en beneficio propio y, en perjuicio de terceros, hacen un uso abusivo del derecho a la asistencia jurídica gratuita pervirtiendo el sistema de tutela judicial

Batalla de cifras: los convocantes, que esta tarde darán más datos, hablan de un 70% de seguimiento mientras la Conselleria rebaja esa cifra por debajo del 20%

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid