El abogado fue demandado por la clienta por cobrarle supuestamente por la elaboración de un recurso relacionado con una prestación de incapacidad que no llegó a presentar. El letrado no llegó a presentar tal recurso en el Supremo de Madrid, pero no se lo trasladó a su clienta y siguió cobrando por ese servicio como si el procedimiento siguiese abierto.
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