Ni un euro de los 1.582 millones que varios tribunales privados han dictaminado que España debe pagar a docena y media de fondos de inversión e inversores internacionales por la retirada de ayudas al despliegue de las renovables durante las etapas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ha salido de las arcas públicas pese a que el primer fallo data de 2017.

El TS de Justicia de Inglaterra y Gales ha ordenado el embargo provisional de 800.000 euros que el Estado español tiene en cuatro cuentas bancarias en RU para ejecutar una de la veintena de laudos que España ha perdido por el recorte de las primas de las renovables en 2013. El magistrado ha aceptado la petición de Blasket Renewable Investments, un grupo inversor al que el Ciadi (dependiente del Banco Mundial) de recibir una compensación de 28,2 millones de euros por la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy.

Marzo de 2014, un restaurante en un polígono industrial a las afueras de Santiago. El ingeniero barcelonés Xavier Cugat acaba de incorporarse como project manager del negocio fotovoltaico en Chile. Primer día de trabajo y allí estaba: departiendo con otro colega español que, como él, andaba buscándose la vida a más de 11.000 kilómetros de casa. A sus 51 años, hoy Cugat es senior project manager en España del fabricante de módulos fotovoltaicos. En 2014, el empleo directo en renovables estaba en mínimos, casi la mitad que en 2008.

Reducción de 756 millones para 2023. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado una propuesta para la actualización de la retribución a las instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos de cara al el próximo año. En ella se plantea una reducción de 756 millones de € respecto a la de 2022. En concreto, el régimen retributivo de todas estas tecnologías se situaría en 5.138 millones €, lo que implica un recorte de casi el 13% en comparación con el año pasado.

RBC advierte de que no hay seguridad jurídica para invertir en España. Ribera, dispuesta a analizar el problema de los contratos a largo plazo. El plan de choque del Gobierno para hacer frente a la subida de la electricidad y del gas este invierno ha provocado un aluvión de críticas de la banca de inversión que ha vuelto a poner a España en el ojo del huracán por la inseguridad jurídica para los inversores que están generando estas medidas, entre ellas, los cambios de retribución a las renovables por los contratos a largo plazo (PPA)

El Estado español acumula condenas por valor de casi mil millones de euros a favor de fondos de inversión y compañías eléctricas de otros países por el frenazo en seco que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar aplicaron al despliegue de las renovables con una serie de decisiones con las que, además de impedir la irrupción de un modelo que habría tirado a la baja del precio de la electricidad, cortocircuitaron el desarrollo inicial de la energía verde y, con él, el del autoconsumo.

El fondo luxemburgués Cube, uno de los inversores extranjeros que ha logrado en los últimos años una condena contra España por los recortes a la retribución de las energías renovables del Gobierno de Mariano Rajoy, quiere vender el laudo favorable que obtuvo en 2019 del tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi). Cube "está trabajando en la venta del laudo de arbitraje español", indica en las cuentas del ejercicio 2019 que ha depositado recientemente en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Más complicaciones para España en la batalla arbitral que libra contra inversores internacionales que se vieron afectados por el recorte de las primas a la energía limpia. Un tribunal del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas entre Inversores (Ciadi) ha confirmado que la reclamación de un prestamista alemán, que aportó la deuda de un proyecto de energía renovable, está amparada bajo el Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo por el que se rigen estas disputas, y cumple con el convenio del propio Ciadi, el tribunal arbitral del

En este caso, el trío arbitral ha condenado a España al pago de más de 80 millones de euros (77 millones de indemnización más 3,3 millones en costas) más los intereses acumulados al fondo de capital riesgo Bridgepoint, asesorado por el bufete internacional Allen & Overy, quien elevó el litigio a la corte arbitral del Banco Mundial tras verse perjudicada por los ingresos de ocho plantas eólicas que suman una potencia de 333 MW. Dicha inversión se produjo en 2011.

Nuevo fallo condenatorio contra el Reino de España por los recortes a las renovables. Infrared Environmental Infrastructure y sus cuatro filiales, con sendas participaciones en dos plantas termosolares en España (Morón y Olivenza 1) han logrado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, haya dictado un laudo condenatorio contra el Estado español.

El primer Gobierno de Mariano Rajoy ejecutó una durísima reforma energética. Lo hizo en plena crisis económica y lo hizo para que cuadraran las cuentas del sistema eléctrico que había cebado durante años un agujero milmillonario. El desfase entre ingresos y costes reconocidos, el famoso déficit de tarifa, alcanzó los 29.000 millones de euros.

El Estado español se enfrenta a 41 demandas por el recorte a las renovables de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Según un nuevo informe, las indemnizaciones podrían sumar otros 7.500 millones a los 400 ya desembolsados. España es el país de la Unión Europea, y el segundo en el mundo, que más casos acumula derivados directamente de demandas invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía. Cinco de las siete sentencias a favor de las multinacionales obligan al Estado español a desembolsar 396 millones de euros en indemnizaciones..

España suma su quinto laudo en contra por los recortes en las renovables. La firma danesa Athena ha anunciado la decisión de la Cámara de Comercio de Estocolmo que condena a España a indemnizarla con 11 millones de euros. La cantidad es pequeña en comparación con los 7.500 millones en reclamaciones, pero supone otro revés y va consolidando la decisión de estos organismos internacionales de que los recortes de primas vulneraron el Tratado de la Energía. En los cinco laudos en contra, España ha sido condenada a pagar 368 millones más costas.

Hay tentaciones que son difíciles de vencer. Por ejemplo, cobrar más por hacer lo mismo. Probablemente eso es lo que le va a suceder al ya exjefe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Energía -hoy de Transición Ecológica-, José Ramón Mourenza, una pieza clave en la defensa del Reino de España en los tribunales internacionales por los recortes a las renovables. Mourenza ha sido fichado por el bufete Herbert Smith Freehills, según han confirmado fuentes de la Administración. Herbert Smith asesora al Estado desde 2011

El Estado español se arriesga a tener que pagar una factura milmillonaria en forma de indemnizaciones a inversores afectados por el recorte de las ayudas que recibían las energías renovables aplicado por el primer Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. España se enfrenta actualmente a pleitos por unos 15.000 millones de euros por este recorte las renovables, según desveló la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros.Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España "en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente".

Un análisis detallado de los 110 inversores que demandaron a España en los 40 casos,revela cinco secretos de estas empresas: 1.En el 88 % de estas 40 demandas,el inversor demandante no es una empresa de energía renovable,sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero. 2.En el 53 % de los 40 casos,la compañía que demanda también invierte en energía contaminante. 3.Varias de las empresas que han demandados a España son en realidad empresas fantasma o sociedades pantalla. 4.63 de las 110 empresas que demandaron no contaban con un..

La tensión entre España y los fondos y empresas internacionales que sufrieron recortes por sus inversiones en renovables sigue subiendo. Las reclamaciones aún pendientes de fallo han aumentado en 637 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Esto quiere decir que en tan solo seis meses la cifra global de 7.565 millones de euros se ha actualizado por encima de los 8.200 millones, lo que representa cerca de un 10% más y supone una amenaza para el equilibrio financiero del sistema eléctrico.

El Ciadi acaba de dictar otro laudo contra España, esta vez a favor del fondo de inversión Antin, que compró en España dos plantas termosolares y reclamaba 238 millones de euros por los recortes de primas aprobados por el Ejecutivo del PP. Sin embargo, no recibirá el total de la cuantía sino 112 millones. España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones de euros después de ganar los dos primeros.

El Senado ha dejado en papel mojado la sorpresiva propuesta del Partido Popular para librar del recorte retributivo que se le avecina a miles de pequeños productores de renovables a partir de 2020. La mesa de la Cámara Alta, controlada por mayoría absoluta por el PP, ha decidido inadmitir la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que preveía dejar exenta de revisión de la retribución regulada de todas las plantas de energía verde de un tamaño inferior a los 300 kilovatios.

El Gobierno ha vetado en el Congreso una enmienda al proyecto de presupuestos de 2018 para salvar a las renovables y en especial al sector fotovoltaico de los recortes en la retribución que prepara el Ministerio de Energía. El veto se concretó el mismo día en que se conoció el tercer revés internacional para España en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por los recortes al sector renovable.

España ha sufrido un nuevo revés, el 3°, en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en los años 2010 y 2013, al fallar el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, a favor de Masdar que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi y dueño también de Cepsa. Masdar presentó su arbitraje ante el Ciadi en 2014, recurriendo, en su caso, los recortes que sufrió la termosolar. El fallo reconoce a la demandante una indemnización de 64 millones de €. En total existen reclamaciones por más de 7.500 millones

Las nuevas reformas fiscales de la UE, aprobadas el 23 de abril de 2024, vuelven a imponer un régimen de austeridad a sus Estados miembros Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) enuncian que estas normas obligan a un ajustamiento de los presupuestos públicos con un impacto negativo en el bienestar presente y futuro.Las tres organizaciones exigen que se prioricen las inversiones en bienestar y transición ecológica, por delante de las inversiones en gasto militar. Asimismo, piden en el Gobierno es

El 23 de mayo de 2024, España solicitó la anulación del laudo lo que produce la suspensión de la ejecución del laudo. Las alemanas E.ON Finanzanlagen GmbH, E.ON Iberia Holding GmbH, E.ON SE presentaron la demanda de arbitraje de inversiones ante CIADI en agosto de 2015 invocando el Tratado de la Carta de la Energía. La compañía reclamaba más de 324 millones de euros. Las anulaciones de los laudos en los arbitrajes de inversiones de renovables contra España han sido una máxima en la estrategia conducida por la Abogacía General del Estado.

Según el Mallorca Zeitung, periódico en lengua alemana que se edita en la capital balear, varios de los heridos son de nacionalidad alemana.

Los colegios públicos de la Comunidad de Madrid tendrán 2.756 plazas menos el próximo curso, según un informe elaborado por Comisiones Obreras. Según los datos del sindicato, hay 80.930 vacantes en la escuela pública en toda la región y el 3,4% de ellas se va a perder. En pleno regreso de la marea verde a las calles y con paros convocados para la semana que viene en todo el sector educativo, la organización advierte de que el recorte se concentra en las etapas iniciales, Infantil y Primaria.

La educación pública lleva décadas maltratada por los Gobiernos de la Comunidad de Madrid: recortes, privatizaciones y deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado. Se han convocado huelgas y manifestaciones el 8 y 21 de mayo por todos los sindicatos del profesorado y de estudiantes y apoyadas por las asociaciones de familias del alumnado. Desde hace más de una década no se producía tanta unanimidad en las movilizaciones. Los motivos son poderosos y buscan mejorar las condiciones laborales, la calidad de la educación y la defensa de

Aprobaron un recorte por Decreto a población muy vulnerable. Mintieron para negarlo. Usaron bulos y fango cloaquero para atacar a Podemos por negarse a convalidarlo. Utilizaron argumentos que rayaron lo fascista para enfrentar al penúltimo contra el último. Usaron toda la maquinaria mafiosa y corrupta del mediafare para destrozar a cualquiera que osara decir lo evidente: que había recorte. Ajustaron cuentas con Podemos por lo de la ruptura del GP usando para ello la pensión futura de miles o cientos de miles de personas...

Ahora que se ha demostrado otra vez que Ferreras es lo que es por sus audios y viendo que gracias a Podemos no habrá recorte, vamos a recordar esta intervención de Aina Vidal dándole de lo lindo a Podemos junto a Ferreras usando la mentira.