Ha sido sentenciado por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por los que se le ha impuesto dos años y medio de cárcel por cada uno de ellos, una multa de 5.400 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años. También ha sido condenado por un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de 1.800 euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público. Realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que es copropietario, algo incompatible.

“Es materialmente imposible comer hasta que termine su jornada a las 7 de la tarde” aseguran desde el sindicato Gestha.

La Fiscalía le pedía casi 13 años de prisión y finalmente no pisará la cárcel gracias a un pacto con el ministerio público y la Abogacía del Estado que no fue sencillo. No en vano, tan solo los detalles del acuerdo tardaron casi tres horas en cocinarse en los pasillos de los juzgados compostelanos. El procesado se ha declarado culpable, ha perdido su trabajo y tendrá que devolver todo el dinero, pero le han suspendido de forma extraordinaria los algo más de cuatro años de cárcel en los que le quedó la pena. Salió con cara alivio de la sala.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a seis años de prisión a una inspectora de Hacienda por estafar 6,2 millones de euros a 38 deportistas, mayoritariamente futbolistas de élite extranjeros, al manipular junto a otros tres colaboradores sus declaraciones tributarias. El TSJM ha dictado una sentencia que estima el recurso de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la resolución de la Audiencia de Madrid, de manera que aumenta la condena a la inspectora de Hacienda de dos años y medio a seis años de prisión.

No parece que simplificar el nivel de las pruebas y su exigencia, sea la solución sino que, como bien propugnan los propios funcionarios, la alternativa idónea pasa por formar adecuadamente a los mismos, para que alcancen el nivel exigido, de lo contrario, contemplaremos una Administración poco cualificada y profesional. Se pone en riesgo la imparcialidad, neutralidad e independencia de los funcionarios públicos, amén de existir un riesgo cierto de pervertir y politizar su promoción.

Un proceso que dura ya más de una década dio estos últimos días una paso decisivo para sentar en el banquillo al funcionario de Hacienda en Vigo, Asdrúbal Casares García junto a seis personas, entre ellas la que era su mujer Beatriz Zunzunegui Martínez. El propio Asdrúbal Casares, en un blog que mantuvo abierto en la red en el que achacaba todo lo ocurrido a una venganza, señala como principales denunciantes a José Ramón García, en aquellas fechas relacionado con la desaparecida Blusens, y al vigués Manuel Ferreira González, dueño de RedCom.

Contribuyentes a los que un funcionario de la Agencia Tributaria confeccionó la declaración se encuentran con que si el Fisco detecta un error, no sólo lo revisa y liquida con el nuevo criterio, sino que se les impone sanción

Según ha detallado la ministra de Hacienda, la subida salarial de los funcionarios de los ayuntamientos ha sido del 4,8% y la de los de la Administración General del Estado, del 3,1%. Las comunidades autónomas subieron el salario de sus funcionarios un 5,6% en 2021 frente a un alza del 1,5% del sector privado. Esta cifra se conoce cuando se acaba de avanzar la inflación de marzo, que roza ya el 10% y el Gobierno ha aprobado un Plan de Choque en el que carga en los caseros un tope del alquiler y reclama a trabajadores contención salarial.

Un funcionario se apoderó de más de 13.000 euros de contribuyentes ya fallecidos o con alguna discapacidad, una estafa que llevó a cabo aprovechándose de las funciones que tenía asignadas en el servicio de Gestión Tributaria de la AEAT. El trabajador ha reconocido la estafa ante el tribunal y ha devuelto el dinero público con el que se lucró. La Audiencia de Cádiz lo condena a dos años y diez meses de prisión pero no entra en la cárcel.

AEAT ha abierto al abogado sevillano Francisco Tejado Vaca más de 80 expedientes de todo tipo que se han traducido en diversos embargos. El letrado ha denunciado esta “persecución fiscal” en los tribunales de Justicia, donde ya ha conseguido varias resoluciones que le están dando la razón, lo que le ha llevado ahora a reclamar a Hacienda que los “intereses y costas” derivados de esos expedientes sean abonados por los funcionarios que dictaron esas resoluciones que fueron “revocadas por los tribunales o el Tribunal Económico Administrativo

El Ministerio de Hacienda quiere que los empleados públicos que se acojan a fórmulas de teletrabajo garanticen que cuentan con los recursos técnicos necesarios para realizar su labor sin que hasta la fecha el Gobierno se haya comprometido a proporcionar dichos medios a los funcionarios de la Administración General del Estado.

La memoria 2018 de la AEAT refleja una caída del 11% del personal en una década hasta los 24.849 trabajadores. La Comisión Europea alertó de dificultades futuras al ser España el país con el menor número de agentes tributarios por ciudadano de los Estados miembros de la UE. La AEAT se plantea equilibrar el actual sistema de oposiciones con la captación de profesionales por otras vías

Los trabajadores de Isdefe o Secegsa aún esperan que se les aplique la subida del 2,25% de este año. En algunas empresas acaban de cobrar la de 2018. La explicación a estas demoras se encuentra, según el Ministerio de Hacienda, en la mayor o menor diligencia de los mecanismos de concertación social en las empresas.

Nuevo impulso sobre la investigación, sobre el supuesto espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados de la competencia. El magistrado ha citado a declarar como imputado para los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero...

En el marco de las negociaciones sobre la senda de estabilidad y los futuros presupuestos de 2019, el ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a Podemos el cumplimiento de una de sus reclamaciones: la equiparación de las bajas de paternidad y maternidad para los funcionarios públicos. La intención del Ejecutivo es que el permiso de paternidad aumente gradualmente y alcance las 16 semanas en el año 2021.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado a representantes de las diferentes comunidades autónomas este mes de mayo para poner en común buenas prácticas para combatir el absentismo laboral en las administraciones públicas, según han informado fuentes ministeriales.

Los funcionarios de prisiones no quieren ser menos que sus compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también exigen equiparar sus salarios con los de las policías autonómicas

Aprovecha una norma de 2012 para dar al personal de la Administración del Estado un día de permiso a cuenta de esa festividad, que cae en sábado.

La aplicación de este marco salarial permitiría a los funcionarios recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido desde 2010, que las centrales sindicales estiman en 13 puntos porcentuales (20 puntos si se toma 2008 como referencia).

El Tribunal Supremo confirma la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional que ‘tumbó’ una liquidación exigida al exjugador de tenis de casi 275.000 euros.

El programa electoral del ultraderechista Alvise: meter en prisión a una persona que no pueda pagarse un techo y felicitar a los millonarios que defrauden a Hacienda. Más de 800.000 descerebrados han votado a este personaje

Dos trabajadores de Puerto III retratan cómo viven su rutina en este centro penitenciario con 1.200 internos, que registró en 2023 el mayor número de agresiones a funcionarios de toda España. La meta final es reducir las agresiones, por ello, lanzan una serie de propuestas para, al menos, mejorar su situación. Se sienten indefensos en una cárcel “masificada”. También piden ser reconocidos con la condición de agente de autoridad. La falta de personal en diferentes ámbitos se muestra como un factor más para el aumento de las agresiones.

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.

El Tribunal Supremo ha reinterpretado el fallo europeo que venía a determinar que los trabajadores interinos de larga duración debían convertirse en indefinidos.

La detención del general Shamarin es la última de una serie de arrestos de alto nivel que han coincidido con el nombramiento por Putin de un nuevo ministro de Defensa, Andrei R. Belousov, a principios de este mes. Timur Ivanov, viceministro de Defensa, y el teniente general Yuri Kuznetsov, fueron detenidos por el mismo cargo de soborno en las últimas semanas. Y a principios de esta semana, los medios de comunicación estatales informaron que el general de división Ivan Popov había sido detenido por acusaciones de fraude.

La Comunidad de Madrid albergará desde el próximo curso una Escuela Europea Acreditada (EEA), que proporcionará una oferta educativa homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la Unión Europea. Sin embargo, el centro no tendrá instalaciones propias. Será un colegio dentro de otro colegio: el plan es que los nuevos alumnos y profesores usen los edificios del Ramiro de Maeztu. Desde que se conoce el proyecto, la inquietud cunde por los pasillos de una institución referente de la educación pública de Madrid

El anuncio de la portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalga, sobre la implantación del Ticket Bai en 2025 también en las txosnas ya ha recibido las primeras reacciones. Esta misma tarde varias comisiones populares de fiestas han comparecido ante la prensa para denunciar los problemas que la implantación de este sistema generará en las fiestas populares. Incluso han señalado que "puede acabar con este modelo festivo".

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

Funcionario (del Estado) de prisiones rescatado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, atendido en un hospital público del Estado, que cobra una indemnización del Estado por ser víctima de terrorismo y con una pensión que le paga el Estado. Este es el nivel.