Ha sido sentenciado por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por los que se le ha impuesto dos años y medio de cárcel por cada uno de ellos, una multa de 5.400 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años. También ha sido condenado por un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de 1.800 euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público. Realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que es copropietario, algo incompatible.
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Que corra el ejemplo.