Un funcionario se apoderó de más de 13.000 euros de contribuyentes ya fallecidos o con alguna discapacidad, una estafa que llevó a cabo aprovechándose de las funciones que tenía asignadas en el servicio de Gestión Tributaria de la AEAT. El trabajador ha reconocido la estafa ante el tribunal y ha devuelto el dinero público con el que se lucró. La Audiencia de Cádiz lo condena a dos años y diez meses de prisión pero no entra en la cárcel.
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